Agresión en Cárcel de Mujeres
Jorge Beltrán
Miércoles, 11 de Julio de 2007
Abuso
Más de cien mujeres sufrieron vejaciones sexuales y abusos de autoridad durante la requisa Custodios buscaban celulares, pero no hallaron nada El caso sería denunciado en el exterior, si el fallo judicial no es ratificado
La jueza ya ha notificado su veredicto al Ministro de Seguridad, René Figueroa, y al titular de la DGCP, Gilbert Cáceres, para que sean éstos, de acuerdo a la Ley Penitenciaria, quienes apliquen una sanción administrativa a los dos funcionarios declarados responsables de los atropellos.
Lo anterior, resolvió la letrada, para que sirva de ejemplo en posteriores requisas o registros.
El último inciso del artículo 45 de la Ley Penitenciaria establece que un juez de vigilancia que conozca de casos como el sucedido en Cárcel de Mujeres, sólo puede notificar su resolución al titular de la DGCP y al Ministro de Seguridad para que ellos impongan la sanciones correspondientes.
Para que los responsables de esos actos sean enjuiciados penalmente, las víctimas tienen que denunciar el caso ante la Fiscalía mediante abogados particulares, aunque, según fuentes judiciales consultadas, la Fiscalía bien podría actuar de oficio.
Ni celulares ni drogas
Jorge Alfonso Cruz Arévalo, abogado que representa a una veintena de convictas, sostiene que la requisa fue hecha violentando derechos fundamentales de decenas de reclusas, incluso agrediéndolas sexualmente y en completa contravención a lo que estipula la Ley Penitenciaria sobre la forma de hacer las requisas.
"Las desnudaron frente a otras convictas y usaron un mismo guante para registrarlas a todas", afirma el abogado.
El incidente comenzó a las 5.30 de la mañana del 6 de junio anterior, cuando varios custodios, entre hombres y mujeres, encapuchados, irrumpieron en los dormitorios del sector de mujeres penadas.
Todas las reclusas fueron sacadas en ropas de dormir hacia el salón de usos múltiples de la penitenciaría, donde les notificaron que harían una "requisa vaginal y anal".
Según funcionarios de la DGCP, con la requisa se pretendía decomisar drogas y, sobre todo, teléfonos celulares, debido a que la Inteligencia del Estado les había advertido que en esa área del penal habían detectado "algo especial". Otros delegados sostienen que fue la Inteligencia Penitenciaría la que los alertó.
Estando en el salón de usos múltiples, unas sesenta mujeres fueron enviadas al hospital público de San Bartolo, Ilopango, donde les hicieron radiografías para detectar objetos extraños en sus cavidades anales y vaginales. Los resultados fueron todos negativos.
Pero el que se llevó la peor parte fue el grupo de mujeres que fue registrado en el penal.
Por parejas o de tres en tres, las mujeres fueron introducidas al "cuarto de orientación". Ya en esa habitación, las obligaron a hacer entre cinco y 15 sentadillas.
Acto seguido, los hombres custodios les introducían dos o tres dedos en sus partes íntimas, sin tomar en cuenta que algunas andaban con sus períodos menstruales, de acuerdo con la denuncia de Cruz Arévalo y a los testimonios rendidos ante la jueza Novais.
Infecciones vaginales
Víctimas y testigas de los abusos afirmaron ante la jueza que los custodios usaron el mismo guante para esculcar a las convictas.
A consecuencia de eso, Ruth. N.R. ha asegurado a su abogado y a la jueza, que ha contraído una enfermedad venérea.
Otras reclusas han experimentado infecciones vaginales, según consta en la denuncia de Cruz Arévalo.
El 15 de junio, Novais ordenó que Ruth fuera evaluada por médicos del Instituto de Medicina Legal y que se le diera tratamiento.
De acuerdo con el querellante, son más de cien mujeres las que sufrieron los abusos, pero muchas de estas han preferido guardar silencio para no verse perjudicadas en sus expedientes.
La jueza Novais, en su resolución, pidió que las autoridades penitenciarias no tomaran represalias contra las convictas que se quejaron ante ella.
La jueza también resolvió que el titular de la DGCP, Gilbert Cáceres, y el equipo multidisciplinario del reclusorio, que habían sido acusados en la denuncia de Cruz Arévalo, no tuvieron ninguna responsabilidad en los abusos cometidos.
Pero los abogados de los funcionarios declarados responsables han apelado la decisión judicial ante la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador, en un intento por descargar de culpa a sus defendidos y evitar la respectiva sanción.
Sin embargo, ante el temor de que los responsables de los abusos queden sin castigo, el querellante Cruz Arévalo aseguró a este periódico que el hecho podría ser llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Costa Rica, y otras instituciones internacionales.
Pero si la Cámara ratifica el fallo judicial, Arévalo Cruz lo tomará como base para acusar penalmente a Pacheco y a Hernández, por los delitos de actos arbitrarios y otras agresiones sexuales agravadas.
0 comentarios:
Publicar un comentario
Todo comentario es admitido. Condiciones: sin insultos, ni difamaciones.