La cárcel como solución

Nuestros gobernantes son tercos. Algunos verán en esta terquedad una cualidad que de seguro llaman perseverancia. Desde la presidencia de Flores vieron en la cárcel el remedio a los problemas sociales. Fue bajo esta iluminación que surgió la ley de la “mano dura” . Flores cerró sus oídos a los aspectos preventivos de la lucha contra la criminalidad juvenil y un trato de recuperación social para los jóvenes que habían cometido delitos leves. Creo que ellos no conocen que es un delito leve. En lugar de medidas preventivas, se decidieron por una ley que criminalizaba el aspecto, le imponía penas exageradas a menores, dándoles un trato de mayores de edad. Le daban la espalda a nuestra Constitución y a los tratados internacionales de la protección de menores. La Corte Suprema de Justicia se ha negado a declarar inconstitucional esta ley, abandonando su responsabilidad y su deber de guardianes de la legalidad y del respeto de la instituciones.

La derecha prometía que pronto veríamos la eficacidad de su método carcelario. Lo que se cosechó fue la tormenta. La escalada criminal se aceleró y fueron apareciendo incluso lugares en donde reinaba la ley de las maras. Por lo menos era lo que nos decía la prensa nacional. La sociedad sentía miedo. Los titulares de los diarios se manchaban de sangre cotidiana. La campaña de Saca se basó en la promesa de que iba a barrer de un solo tajo la delincuencia con su propia ley de “super mano dura”. Solo le faltó ponerse el antifaz del Zorro. No tardaron muchos meses y la nueva ley estaba vigente. La penas carcelarias se volvieron penas perpetuas, que al sumarse le daban a los delincuentes una esperanza de vida de más de cien años.

De nuevo oídos sordos a la prevención y a la educación, ninguna medida seria y el mismo silencio cómplice de la Corte Suprema de Justicia. Violar la Constitución se ha ido institucionalizando y nuestros magistrados han erigido la alcahuetería en método. Los resultados los conocemos todos, el número de homicidios ha ido creciendo hasta colocar al país en uno de los primeros lugares en este “ramo”.

Hemos visto luego la aparición de una ley antiterrorista que fue denunciada desde su discusión como una ley antidemocrática, destinada sobre todo para acallar al movimiento social. Además de sus ambigüedades jurídicas, esta ley se ha caracterizado por la agravación de las penas de cárcel. No creo que valga la pena decir cuál fue la actitud de la Corte Suprema de Justicia.

La realidad vino a darle razón a los que denunciaron las intenciones del presidente Saca. Cualquier disturbio callejero se volvió en acto terrorista. Vendedores ambulantes se convirtieron en peligrosos adeptos de Bin Laden. El Código penal se engabetaba y los fiscales le volteaban la espalda a la deontología. No puede ser que esos señores que han hecho de la ley su profesión no palparan la inadecuación que existe en calificar un delito penal en acto terrorista. Ellos simplemente obedecen. Tal vez no se dan cuenta que poco a poco el régimen se está volviendo carcelario gracias a su propia complicidad. Ellos no podrán negar que no supieron o no quisieron asumir su responsabilidad moral y ciudadana.

Una subida más se ha operado en este mes, cuando aparecieron presos que no se les puede llamar de otra manera que con el calificativo de políticos. Pues tal vez hubo disturbios provocados por los manifestantes. Pero algunas capturas fueron a ojos vista selectivas e incluso antes de que los disturbios policiales surgieran. Digo disturbios policiales, pero se trata de represión llana y pura. Pues los policías —según las imágenes que se han visto— son los que arremeten contra los manifestantes. Los manifestantes respondieron con piedras y palos al tiroteo policial. La presencia en el lugar de tanquetas y helicópteros es un indicio de que la represión estaba prevista. La presencia de unidades del Ejercito es un hecho que se adiciona al empeoramiento de la situación política. La forma y el argumento del presidente para justificar el uso abusivo del Ejercito es simplemente una arrogancia más de alguien que ha perdido el control de la situación.

La represión policial tuvo su acabamiento en la represión judicial, calificar de actos terroristas el lanzamiento de palos y piedras contra los policías que hacían uso de sus armas, supera ampliamente los delirios de un dictador de alguna ficción. Nuestro presidente está asustado, se da cuenta de que su método no funciona, sus spots publicitarios ya dejaron de cautivar hasta a sus correligionarios y aburren e indignan al resto de la población. El país siente que se hunde. La fuga hacia el norte acrecienta su ritmo y manifiesta con creces la desesperación de los salvadoreños delante las dificultades económicas. Los medios pueden repetir a diario que la economía nacional es floreciente, los salarios no alcanzan para terminar el mes y la inflación es constante. El pequeño comercio esta asfixiado, lo mismo sucede con la pequeña y mediana producción. Esta es la realidad, es esto lo que vive y siente la gente, los títulos de los diarios anunciando los triunfos económicos nacionales no engañan a nadie, el PIB indica solamente que los que ganan, ganan más. Me refiero al gran comercio y a la banca o al revés.

Las protestas fueron grandes, tanto al interior del país, como internacionalmente contra la aplicación de la ley “antiterrorista” contra los manifestantes de Suchitoto. Pero la solución de la derecha es la de siempre, introducir las exageradas penas carcelarias en el Código Penal.

La derecha tal vez espera ganar las elecciones sirviéndose de nuevo del miedo. Ahora van a llenar las primeras planas con terroristas y las cárceles con activistas políticos. Tal vez esperan acallar las protestas contra la nefasta política gubernamental.

Rectificación: La CSJ declaró anticonstitucional la primera ley "antimaras", cuando ya iba a expirar el período de vigencia el 30 de Junio de 2004. Con lo cual mostraba más su incompetencia.