Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), anunció que en próximos días presentará una demanda contra el Estado Salvadoreño por “negligencia y omisión”, en el caso de envenenamiento con plomo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El documento será presentado junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que emitió una resolución de cierre de la empresa por “contaminación ambiental grave”, a la cual dio 72 horas para el cierre de la planta y que no se acató.
El anuncio de la demanda se enmarca en la actuación de las carteras de Estado de salud, medio ambiente, educación, trabajo y alcaldía municipal de la zona, quienes no garantizaron la seguridad de los y las habitantes del Cantón Sitio del Niño, jurisdicción de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Raúl Moreno, director de Políticas Públicas de FESPAD, realizó un breve historial de la denuncia de los pobladores de la zona, explicando que las comunidades vienen demandando de una respuesta gubernamental desde marzo de 2005.
“Las reacciones de los diferentes funcionarios cuando iniciamos los procesos legales, transitaron de la indiferencia a la omisión y eso se convierte en un delito grave de negligencia, que tiene penalizada esa acción”, dijo.
Marcelo Marquelli, jurista de FESPAD, afirmó que la creación de la comisión especial para demandar al Estado Salvadoreño, por su “desidia”, para tratar el caso, no necesita el agotamiento de las instancias judiciales internas.
“Pediremos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anexando la resolución de la PDDH, y todo la documentación que se tiene del envenenamiento por plomo de los habitantes. Con el agravante que ni siquiera se ha judicializado el caso, pese a las evidencias y tiempo transcurrido… ellos ordenarán al Estado evitar que el daño se siga extendiendo”, explicó.
FESPAD agregó que internamente las carteras de Estado han incurrido en el delito de “responsabilidad de funcionarios y empleados públicos” porque omitieron y actuaron ocultando información sobre el daño a la salud y medio ambiente de la población de esta zona.
“Los propietarios de esta fábrica han cometido no menos de 4 delitos ambientales: contaminación ambiental agravada (art.256, Código Penal); el comercio y transporte de sustancias peligrosas (art.262, literal “b”); Infracción a las reglas de seguridad y envenenamiento, contaminación de agua y adulteración de sustancias alimenticias; que conlleva penas que van desde los seis a diez años de encarcelamiento”, indicó.
Asimismo, formularon una serie de medidas mediatas e inmediatas para los y las pobladores del Sitio del Niño, entre las cuales destacaron la atención médica permanente y efectiva de las autoridades de salud.
“Se debe parar la producción de la fábrica como medida preventiva, y evitar la contaminación; prioridad de atención médica de afectados mediante una clasificación de los casos de gravedad; indemnizar a las víctimas y descontaminar el medio ambiente y la creación de una comisión especial de apoyo a las víctimas, esta responsabilidad debe ser de la fábrica y el Estado”, sugirió.
Por su parte, la Alianza Ciudadana contra la Privatización del Sistema de Salud, criticó la institucionalidad del Estado Salvadoreño ante el caso.
Margarita Posada preguntó... “¿Cómo es posible que el Estado no responda rápidamente por el envenenamiento de una población, y sí lo haga por el derrame de aceite en la carretera?”.
Manuel Menjívar, secretario general del SIMETRISSS, indicó que la lentitud del trabajo estatal en el caso obedece “a intereses económicos”, y matizó: “es difícil creer que Transportes Martínez, ya tiene abierto un proceso judicial y no la empresa RECORD”, concluyó.
El documento será presentado junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que emitió una resolución de cierre de la empresa por “contaminación ambiental grave”, a la cual dio 72 horas para el cierre de la planta y que no se acató.
El anuncio de la demanda se enmarca en la actuación de las carteras de Estado de salud, medio ambiente, educación, trabajo y alcaldía municipal de la zona, quienes no garantizaron la seguridad de los y las habitantes del Cantón Sitio del Niño, jurisdicción de San Juan Opico, departamento de La Libertad.
Raúl Moreno, director de Políticas Públicas de FESPAD, realizó un breve historial de la denuncia de los pobladores de la zona, explicando que las comunidades vienen demandando de una respuesta gubernamental desde marzo de 2005.
“Las reacciones de los diferentes funcionarios cuando iniciamos los procesos legales, transitaron de la indiferencia a la omisión y eso se convierte en un delito grave de negligencia, que tiene penalizada esa acción”, dijo.
Marcelo Marquelli, jurista de FESPAD, afirmó que la creación de la comisión especial para demandar al Estado Salvadoreño, por su “desidia”, para tratar el caso, no necesita el agotamiento de las instancias judiciales internas.
“Pediremos medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, anexando la resolución de la PDDH, y todo la documentación que se tiene del envenenamiento por plomo de los habitantes. Con el agravante que ni siquiera se ha judicializado el caso, pese a las evidencias y tiempo transcurrido… ellos ordenarán al Estado evitar que el daño se siga extendiendo”, explicó.
FESPAD agregó que internamente las carteras de Estado han incurrido en el delito de “responsabilidad de funcionarios y empleados públicos” porque omitieron y actuaron ocultando información sobre el daño a la salud y medio ambiente de la población de esta zona.
“Los propietarios de esta fábrica han cometido no menos de 4 delitos ambientales: contaminación ambiental agravada (art.256, Código Penal); el comercio y transporte de sustancias peligrosas (art.262, literal “b”); Infracción a las reglas de seguridad y envenenamiento, contaminación de agua y adulteración de sustancias alimenticias; que conlleva penas que van desde los seis a diez años de encarcelamiento”, indicó.
Asimismo, formularon una serie de medidas mediatas e inmediatas para los y las pobladores del Sitio del Niño, entre las cuales destacaron la atención médica permanente y efectiva de las autoridades de salud.
“Se debe parar la producción de la fábrica como medida preventiva, y evitar la contaminación; prioridad de atención médica de afectados mediante una clasificación de los casos de gravedad; indemnizar a las víctimas y descontaminar el medio ambiente y la creación de una comisión especial de apoyo a las víctimas, esta responsabilidad debe ser de la fábrica y el Estado”, sugirió.
Por su parte, la Alianza Ciudadana contra la Privatización del Sistema de Salud, criticó la institucionalidad del Estado Salvadoreño ante el caso.
Margarita Posada preguntó... “¿Cómo es posible que el Estado no responda rápidamente por el envenenamiento de una población, y sí lo haga por el derrame de aceite en la carretera?”.
Manuel Menjívar, secretario general del SIMETRISSS, indicó que la lentitud del trabajo estatal en el caso obedece “a intereses económicos”, y matizó: “es difícil creer que Transportes Martínez, ya tiene abierto un proceso judicial y no la empresa RECORD”, concluyó.
Una muestra más de la ineficacia de las instituciones gubernamentales, en especial de Medio Ambiente.
ResponderEliminarSi a eso le sumamos todas las demás, como el parque de golf en El Espino, el tan malamente afamado anillo periférico... y una larga lista de etcéteras hace pensar seriamente en la necesidad de lo que se ha dado en llamar una reingeniería, pero de las leyes, sino de las personas que laboran y más aún de las personas que controlan a las personas que laboran en dicho ministerio.
Saludos don Carlos