Un titular del Co-Latino

En varias ocasiones he criticado el carácter tendencioso y desinformativo de algunos títulos de El Diario de Hoy y de La Prensa Gráfica. Este proceder es ampliamente usado para inducir a una interpretación de la información que se entrega. En otras se confía o se está seguro de que no todos los lectores tienen tiempo de leer la noticia y lo que queda en sus mentes es el sentido del título. Es un estrategema ampliamente usado por la prensa de derecha en su constante bombardeo ideológico.

Hoy en el Colatino tuve un sobresalto. El vespertino afirma en primera plana, con su titular algo que no corresponde para nada al cuerpo de la noticia. Veamos que dice el titular: FUSADES, ANEP e IDHUCA estudian viabilidad del Estado de Excepción. ¿Que puede entenderse de esto? Simplemente que representantes de los tres organismos se han reunido y han discutido la mejor manera de instaurar el Estado de sitio en el país. ¿Corresponde esto a la noticia? De ninguna manera, primero las tres organizaciones no se han concertado, ni reunido, ni ninguna analiza la “viabilidad del Estado de Excepción. Se trata de tres declaraciones distintas, en distintos lugares, parcialmente concordantes, pero no del todo similares en su contenido, ni en su intención.

¿Se trata del mismo proceder de la prensa de derecha o de una pifia? En todo caso me ha sorprendido y me ha indispuesto. Porque el tema no es baladí. La delincuencia, las constantes agresiones que sufre la población, las extorsiones, los crímenes, constituyen una de las principales preocupaciones de los salvadoreños. No creo que exista nadie que no haya sufrido en carne propia o en la de algún pariente, amigo o conocido un acto de violencia. La inseguridad es pues una plaga, una calamidad social.

Hemos visto que la aplicación de la “mano dura” y de la “super mano dura” agravaron, por su inadaptación, por su unilatiralidad, los niveles de violencia en el país. El presidente Funes se ha dejado convencer de sacar al ejército a la calle, basándose en una interpretación abusiva de la Constitución. El ministro de la Defensa, David Munguía Payés quiere dar un paso más en la misma dirección. Pero ahora ya no se trata de controles abusivos, generalizados de la identidad, registros corporales, etc. Esta presencia militar en las calles no ha sido efectiva, ni puede serlo. No es así como se combate la delincuencia. La delincuencia es un problema social complejo, con múltiples orígenes, de múltiples causas.

La ineficacia de la medida salta a la vista por el mantenimiento de la alta tasa de criminalidad en el país. La medida de sacar al Ejército fue una medida demagógica. La población desesperada por el sentimiento de inseguridad y por la inseguridad misma, quiere ver frutos inmediatos. Pero la solución a este problema no puede encontrarse con la ampliación y agravación de medidas represivas. La derecha nos ha dejado en herencia toda una panoplia de leyes represivas y carcelarias que tampoco han dado fruto.

La población aprueba la medida tomada por el gobierno. No obstante es necesario darse el tiempo y tomar las distancias necesarias para generar una política social global anti-delincuencia. Al decir social no solamente estoy considerando ayudas en los barrios más desfavorecidos, ni políticas sociales de ampliación de las actividades recreativas para los niños y los adolescentes, educación dirigida en las escuelas, etc. La Policía Civil Nacional tiene que ser reforzada, esto es urgente. Tiene que ser desmilitarizada, tiene que contar con cuerpos de investigación eficaces y preparados técnicamente para elucidar los crímenes y delitos cometidos. La PCN tiene que reconquistar la confianza de la población.

Es impresindible desarmar a la sociedad. Esta medida es de mayor eficacia que restringir los derechos constitucionales para toda la poblalción o parte de ella. Pero esta medida necesita para ser tomada que las autoridades políticas y estatales manifiesten un real coraje y voluntad política. Pues en la importación y venta de armas hay demasiados intereses creados que sacan lucro de este negocio mortífero.

Hay otro aspecto que quiero tocar. Antonio Cabrales, presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), promete que su instituto va a estudiar la pertinencia de la medida y declara que “pese a cualquier recomendación, es el Presidente de la República, Mauricio Funes y la Fuerza Armada quienes deberán decidir las medidas idóneas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas y considerar las implicaciones de cualquier decisión“. No veo ¿por qué este señor le adjudica a la Fuerza Armada una tarea de decidir junto al presidente una medida que no es de su competencia? Esta afirmación de que en última instancia es el presidente quien decide la repiten ministros, diputados, dirigentes del FMLN y ahora hasta representantes del patronato.

Esta actitud me parece preocupante por su carácter antidemocrático. No es que esto no sea cierto, pero la forma de decirlo y lo que esto conlleva de negación del debate nacional, de su minoración y la facilidad de otorgarle al presidente poderes despóticos. Pues si bien es cierto que en el tipo de Constitución predisencialista que sufrimos los salvadoreños, el presidente tiene en muchas cosas la última palabra, no se puede poner como epílogo a cualquier debate su voluntad personal. Pareciera que en el país no hay Asamblea, que no hay Corte Suprema de Justicia. Y que los debates que puedan surgir en el país son para divertir a la galería.

El candidato Funes le impuso este proceder al partido que lo llevó a la presidencia, pero ¿el país, la nación, se va a privar de su derecho a tener una opinión, a su derecho a deliberar? La democratización del país pasa justamente por darle reales derechos participativos al pueblo, a los trabajadores.

Vuelvo ahora al titular del Colatino. Me ha sorprendido, pues este tipo de pifia se puede corregir en una reunión de redactores. ¿O el Colatino nos quiere convencer de la necesidad del Estado de Sitio?

Otro título alarmante y que no corresponde a lo que dice el artículo es el siguiente: EE. UU rastreará armas ilegales en el país. En realidad se trata de asesoramiento a la PCN para rastrear armas ilegales y que pueda actuar autónomamente. Un poco de seriedad y un tantito de profesionalismo. No es mucho pedir.