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23 febrero 2008

La víctima, el inocente y la impunidad

Por Carlos Abrego

En el blog Xibalbá , animado por una joven y talentosa jurista y politóloga, que firma bajo el seudónimo de Ixquic*, he leído sobre el caso de una joven de 18 años condenada a treinta años de reclusión criminal. El Tribunal segundo de Sentencias de San Salvador fue quien concluyó que la joven Carmen Vásquez Aldana cometió el delito de homicidio agravado. La pena de treinta años de cárcel es la más baja de las condenas en este tipo de actos, la pena máxima llega a los cincuenta años. Al parecer este caso no es único. Esta sentencia me ha provocado mucha indignación por las circunstancias dramáticas en que ocurrieron los hechos. La joven madre tuvo el parto sola, sin la asistencia de nadie. Fue su patrona quien la encontró desangrando y la llevó a un hospital. Allí se constató que la muchacha (tal vez entonces menor de edad) había dado a luz y que no había junto a ella ningún recién nacido. Ella declaró entonces que su niño había nacido muerto. La autopsia concluyó que la muerte fue por asfixia. Cito aquí una parte importante del comentario de Ixquic*:
"Leí unos peritajes que explicaban el sufrimiento psicológico de las madres en esta situación, mismas que evitan gritar para que nadie se entere y otros en los que se explicaba 4 formas forenses para proceder a establecer si de verdad un bebé nació vivo o muerto, independientemente de tener cebo en sus pulmones.
Cada uno era convincente y pensaba que con esas pruebas —que no se practican en el país por falta de peritos, recursos técnicos y un Instituto especializado— la suerte de algunas de estas mujeres no dependería de los prejuicios, si no de le certeza jurídica".
Este comentario deja entrever que existe la posibilidad de que se haya condenado a treinta años de prisión a una mujer inocente. Deseo partir de esta figura, la condena de un inocente, para llevar a cabo una reflexión sobre las penas en nuestro país.
Me resulta imposible imaginar el hondo sufrimiento que puede experimentar quien es víctima de esta absoluta injusticia. Creo que todos nos indignamos y nos sentimos directamente concernidos. Pero esta figura, este tipo de casos, existe. Existe en países con mejores métodos de investigación, que incluyen en sus procedimientos, medidas de precaución y de control que no se practican en nuestro país. Cuando aparecen estos casos la conmoción emosional es fuerte, la indignación se manifiesta en las sociedades con estruendo, el choque es generalizado. El estado está en la obligación de reparar, ¿cómo reparar? ¿Cómo se puede devolver el tiempo pasado en una cárcel injustamente? ¿Se puede reparar el dolor sufrido, el honor maculado? En esta injusticia entran también los familiares y amigos que saben de la inocencia del condenado, también ellos son víctimas. Los casos de este tipo de error (llamemos error judicial a esto) salen a la luz muy raramente y para que surja la duda profunda, la justicia exige nuevos elementos. Sólo ante estos hechos nuevos la justicia consiente a revisar su fallo y lo hace arrastrando los pies. La justicia acepta sus errores muy difícilmente. No obstante en algunos países el estado ha promulgado leyes que facilitan las revisiones y leyes que contemplan la obligación de reparar la injusticia. Pero la compensación no puede ser solamente pecuniaria, en las sociedades donde domina la ideología mercantil muchos creen que al darle a la víctima cierta cantidad de dinero, con ello se lava el error y se reconstruye la personalidad mutilada por la injusticia. En estos casos, por supuesto, la ayuda monetaria es indispensable, pero debe de haber también una asistencia psicológica que tienda a reparar el mal cometido. Debe de haber acompañamiento, pues tampoco es fácil recobrar la libertad, porque hay que enfrentar a todos aquellos que creyeron en la culpabilidad, porque no siempre se recupera el honor perdido. Ha habido casos en que las víctimas inocentes se han visto obligadas a cambiar de domicilio, han divorciado, se han tenido que separar de sus familias y amigos.
Es por estos casos de inocentes condenados que se debe aplicar con mucho esmero y cuidado el derecho de todos de ser presumido inocente, mientras no se haya demostrado la culpabilidad. Es también porque condenar a un inocente es la injusticia absoluta, que siempre la duda debe de beneficiar al acusado. La más mínima duda.

Los culpables y la impunidad

También en eso es necesario considerar otro caso en el que se sufre cárcel sin motivo en los procedimientos de investigación, cuando hay largos períodos de encarcelamiento preventivo de investigación. Puedo citar los prolongados meses que estuvieron en prisión los activistas de CRIPDES de Suchitoto, que fueron inicialmente acusados de "actos de terrorismo" por la fiscalía, para luego concluir que en la necesidad de cambiar la nominación del "delito". Lo más absurdo de este caso es que los fiscales se permitieron estar ausentes en el momento en que tenían que pronunciar la acusación ante el tribunal de Suchitoto.
Existe otro caso de injusticia absoluta y que se opone a este. Se trata de la impunidad. Pero esta impunidad que corre paralela a la condena de un inocente, pues el verdadero culpable no ha sido castigado, no es la única impunidad. La impunidad existe cuando la justicia se niega a enjuiciar y a condenar. Cuando la policía y la fiscalía en total complicidad con las autoridades del ejecutivo le niegan justicia a la víctimas y ni siquiera proceden a las investigaciones que se imponen, a veces incluso ensuciando adrede la prueba o desapareciéndola. Este tipo de casos existen en nuestro país. El estado salvadoreño ha sido condenado ya más de una vez por negligencia en la aplicación de la justicia o en la negación de ella. El caso más reciente es el del que se ha hablado en El Salvador y por el cual ha sido condenado por la OEA el estado salvadoreño concierne a Ramón Mauricio García Prieto.
Existen en nuestro país otros casos de insoportable impunidad, todos los crímenes de guerra y contra la Humanidad, que fueron cometidos en los años ochenta y noventa y que fueron amnistiados. La exigencia de justicia persiste en nuestro país. Los crímenes fueron efectivamente cometidos. Estos crímenes han quedado sin el necesario castigo. Cuando se nos dice que debemos olvidar, que debemos perdonar y que en vez de mirar hacia el pasado debemos dirigir nuestras miradas hacia el futuro, simplemente están borrando de un tajo todos los individuos-víctimas. Pues lo que se nos pide que olvidemos es la injusticia cometida en esas personas. Estas personas en las que tomó cuerpo la injusticia primera del crimen, con la impunidad, con la ausencia de una punición se comete de nuevo otra injusticia. La impunidad perpetúa el crimen, lo conserva, lo cristaliza y lo hace mantenerse en el tiempo. Lo que exige un término se prolonga, a través de las víctimas que no han obtenido reparación y se perpetúa también en la herida dejada abierta en el cuerpo mismo de toda la sociedad. Toda impunidad deja abierta una llaga, toda impunidad hace daño.
En El Salvador existe también otro tipo de impunidad. Se trata de todos esos pequeños delitos de robo, extorsión, agresiones, etc. Esos delitos en su gran mayoría no son castigados. Son ellos los que causan un enorme malestar social en todo el país. Porque además de que produce un número elevado de víctimas, también engendra el sentimiento de una injusticia permanente. En nuestro país rige un sentimiento de inseguridad total.
En esto tiene mucho que ver la ineficiencia de la PNC y de la Fiscalía. Tal vez también la actitud irresponsable de algunos jueces. La policía de manera casi sistemática no ha sido cuidadosa en la recolección de pruebas, a veces simplemente las ha viciado. Los fiscales cometen demasiados errores de procedimiento y desean que su opinión sea tomada como algo suficiente para que los jueces adquieran la convicción de la culpabilidad del reo que le presentan. Con frecuencia los jueces en aplicación de la ley, han tenido que poner en libertad a los reos. Pero el crimen sigue, las víctimas siguen y los culpables de los delitos no reciben el castigo por los daños cometidos.
De los delitos de la pequeña delincuencia se ha pasado a una situación en la cual el asesinato se ha convertido en moneda corriente, en algo cotidiano. Que sean seis, ocho o doce crímenes cometidos a diario la cosa no cambia radicalmente. Se trata pues de un crecido sentimiento de inseguridad y el daño causado no solamente ha aumentado, sino que ha adquirido nueva dimensión. Y la impunidad es la regla. La vida el supremo valor, lo que todos estamos en la obligación de preservar, se ha devaluado.
Cotidianamente nos enteramos de los crímenes y de sus circunstancias. A veces del simple robo en un autobús, de una extorsión de unos cuantos dólares, se puede pasar allí mismo, por la mismo delincuente al asesinato. De un simple robo se pasa con una increíble facilidad a privar a la víctima de lo más sagrado, su vida.

Leyes estrictamente represivas

Frente a este panorama degradado de la vida social salvadoreña los gobernantes adoptaron una posición muy tajante. El carácter autoritario y despótico con que se manejan los asuntos públicos en el país, condujo al presidente Flores a promover una ley de excepción y cuyo enfoque era exclusivamente represivo. Hablo de la llamada "La ley de la mano dura".
La criminalidad tal cual se presenta en el país requiere de un tratamiento multilateral, en el que tiene que involucrarse la sociedad entera. Las autoridades se han olvidado de la prevención, del papel que puede jugar la familia, la vecindad, la escuela, etc. El enfoque estrictamente represivo condujo al ejecutivo a redactar una ley que fue sumamente criticada y que al final de cuentas declarada incompatible con los principios constitucionales. Pero esta ley estuvo funcionando. Por la irresponsabilidad y la crasa negligencia de la Corte Suprema de Justicia, que la declaró inconstitucional unos días antes o después del período de su vigencia. La ley tenía carácter temporal.
Pero tenemos que considerar que esta ley introdujo en el ámbito de la justicia nacional toda una serie de conceptos ilegales, como la de considerar a menores en paridad con los adultos, la de introducir como delito el aspecto (tatuajes) y algo que ha seguido teniendo hondas repercusiones es la agravación de los períodos de las penas de cárcel. Y una todavía mas grave la de consagrar como única solución al problema de la violencia criminal que reina en el país, la estricta represión. Como consecuencia de ello, hemos visto la aprobación por la derecha en la Asamblea de nuevas leyes y la aparición proyectos de leyes que vuelven normales, medidas de excepción. Me refiero entre otras, la ley "Anti-terrorista", cuyo objetivo es la neutralización y represión de los movimientos sociales. No se puede olvidar la ley "Super mano dura" del actual presidente Saca. Hubo también una revisión del Código Penal que introduce nuevas condenas y penas agravadas. El nuevo Código Procesal Penal cambia de manera fraudulenta la filosofía de nuestro derecho y le otorga a la fiscalía nuevos derechos en detrimento de los jueces. Todo este panorama no se puede considerar como un problema de aplicabilidad de la ley, como simple problema técnico del derecho. Con todo este dispositivo estamos entrando a la instauración de una dictadura legal.
En un próximo artículo voy a continuar con la reflexión sobre las repercusiones éticas del tipo de penas que se aplican en El Salvador, sobre todo la exageradas condenas a decenas de años de cárcel. El castigo que prevé la ley no les deja a los jueces la posibilidad de aplicar su prudencia. El deplorable estado de las prisiones salvadoreñas, significan una condena a una lenta, pero inexorable muerte. Ese tipo de penas, dada la ideología que las sustenta, son simplemente punitivas e incluso impregnadas de la famosa ley de Talión, pueden considerarse como meras venganzas. Estas penas causan daño moral a toda la sociedad.

4 comentarios:

  1. Anónimo4:41 p. m.

    Es interesante el silencio que guardan los "liberales" salvadoreños que no denuncian estas barbaridades del estado terrorista de el salvador. Porque de eso se trata, vivimos en un estado terrorista en donde campea la impunidad de los poderosos. Esta impunidad hasta es santificada y bendecida por las iglesias oficiales, tales como el actual arzobispo de san salvador, el coronel fernando saenz lacalle. Si, señores y señoras,tenemos como principal de la iglesia católica del pais a un coronel y además del opus dei. Esto ya nos dice la calaña de personajes de las "instituciones" del pais. Este paisito necesita una verdadera refundación, por no decir revolución , ya que algunos se asustan de esa oalabre.

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  2. Otro aspecto que rige mucho en nuestro país es la hipocrecía.

    Una madre que presuntamente ha "matado" a un hijo es una figura "aleccionadora" que los hipócritas no pueden dejar pasar.

    La delincuencia, no importa, la corrupción, no importa, la impunidad, no importa,... pero una madre "desnaturalizada", ah, eso llama la atención... eso desvía la atención... eso sí que importa.

    Lamentable hecho de "panem et circus", será que algún día aprenderemos?

    Saludos don Carlos

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  3. Anónimo6:52 p. m.

    Carlos
    Casi siempre aprecio tus opiniones, pero ahora me sorprende que has caido en el juego un poco "sencillo" de la izquierda política, siempre que sucede algo malo, es culpa del gobierno o de los liberales, si esta mamá mató ( o se le murió) el bebé, es culpa del gobierno, con el agravante de no haber capturado a García Prieto?!?!
    De paso, como sé que vendrán un río de insultos de parte de los lectores izquierdistas qeu ante la mínima contradicción atacan furiosamente, les digo que no gasten tiempo, pues no voy a leer los comentarios.

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  4. Argentina ¿¡Cuanto duele!? ¿¡Cuanto más soportar!?

    ¿Quiénes son los que deciden por las vidas que moran tus tierras, trabajan y la hacen crecer?

    Tanto hemos pasado los argentinos, tanto PERDIDO y aprendido, y aún así seguimos.

    ¡Que cadena! cuanto eslabón tras eslabón. Y siga la...CORRUPCIÓN.

    ¿Dónde recurrir por justicia? ¿Qué puertas golpear?

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