El pasado viernes 15 de febrero, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron al Complejo Educativo Doctor “Humberto Romero Alvergue” de San Salvador a capturar al padre de un estudiante sin explicación alguna. Tras forcejear y no poder someterlo, solicitaron refuerzos. Así llegaron al lugar veinte policías del Sistema de Emergencia 911, que procedieron a agredir al alumnado que grababa los incidentes. Al menos cincuenta y seis muchachas y muchachos resultaron afectados; seis con serias con lesiones físicas.
Ante semejantes sucesos, las Defensorías de la Niñez y de la Adolescencia de los distritos uno y cinco de San Salvador, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil, y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA,
DEMANDAN A LA PNC:
- Adoptar las medidas necesarias para sentar un precedente y evitar que este tipo de hechos se repita, investigando y castigando a los responsables en este caso.
- Analizar sus patrones de conducta y la formación de sus miembros. La Inspectoría General de la misma, por su lado, debe vigilar y controlar el accionar del cuerpo investigando y deduciendo responsabilidades en los niveles superiores. Lo anterior, porque la actuación antes referida no sólo es otra arista de la brutalidad y el mal procedimiento policial, sino también de la práctica sistemática de acoso y abuso contra jóvenes en el país. Por eso, para corregir de fondo tal situación, no basta con sancionar a unos cuantos policías culpables directos en este caso.
- Retomar su función de proteger y garantizar los derechos humanos. Preocupan los retrocesos en esta materia señalados por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, donde han aumentado las denuncias contra agentes. De eso dan cuenta sus intervenciones ante protestas como las del año pasado en el centro de San Salvador, Suchitoto y Cutumay Camones. Lamentablemente, cada vez más están quedando grabados en la retina de la población actos de brutalidad como el que provocó la muerte de un joven agricultor, el reportero televisivo pateado, y los tratos crueles inhumanos y degradantes por los que fue condenado en el 2007 el subinspector Edwin Arnoldo Guevara Henríquez. A esta lista habría que agregar los señalamientos contra miembros del cuerpo policial involucrados en sicariato.
- Un actuar acorde a los estándares internacionales. En el presente caso, no se agotó el recurso del diálogo ni se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad e integridad física y emocional del alumnado y el personal docente del plantel. Al respecto, el cuarto principio básico sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, aprobados por las Naciones Unidas en 1990, señala que “en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”.
- Cesar la hostilidad, el acoso y otros atropellos contra la juventud salvadoreña que afectan sobre todo a la de menos recursos económicos. Tradicionalmente este sector poblacional ha sido sometido a la violencia y la violación de sus derechos humanos; en muchas ocasiones, sus agresores son agentes policiales. Tal situación se ha agudizado tras el impulso de los planes Mano Dura y Súper Mano Dura, mediante los cuales la han criminalizado.
Por último, las Defensorías de la Niñez y de la Adolescencia de los distritos uno y cinco de San Salvador, la Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, urgen a la sociedad en general a denunciar este tipo de hechos en las instituciones estatales y sociales pertinentes para evitar que la PNC se siga desnaturalizando y se acerque más a los terrenos peligrosos donde se movieron la Policía Nacional, la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional.
San Salvador, 20 de febrero del 2008.
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