Unanimidad sospechosa

El 18 de julio del 2006 publiqué en "Raíces" este artículo que ahora reproduzco aquí. Las preocupaciones que entonces expresaba se han corroborado y la situación se ha empeorado.

La campaña propagandística de la derecha alrededor de la trágica muerte de dos policías ocurrida el cinco de julio, forma parte de la situación que hay que analizar. Las declaraciones del presidente, del ministro de Gobernación, del director de la policía, la actitud de la fiscalía y la avalancha de comentarios y acusaciones que han aparecido en la prensa y en los otros medios de comunicación persiguen sacarle beneficios políticos a la coyuntura creada, el beneficio perseguido es doble: desacreditar al principal partido de oposición, el FMLN y desprestigiar, entorpecer y anular toda actividad de protesta contra la política gubernamental. Se trata de crear una situación en la que cualquier atropello de parte de la policía contra futuras manifestaciones no sea cuestionado y se considere como una reacción normal. Es más, la derecha arenera se ha precipitado a forcejear la Asamblea exigiendo que se apruebe una ley dicha “antiterrorista”, pero que en realidad es una ley antidemocrática que abre grandes las puertas a una sanguinaria dictadura.

Los analistas que han limitado sus comentarios al trágico hecho de la muerte de dos policías, que han dado por sentado que los señalados y acusados por la policía son los causantes de esa muerte, que han insistido o insinuado que el FMLN está comprometido directa o indirectamente con ese hecho no han procedido así por simple parcialidad o por falta de lucidez. La mayoría tenía como objetivo sembrar miedo, darle a sus lectores o escuchas un solo cuadro interpretativo de lo que está pasando, entraban a una batalla más en su guerra ideológica. Y lo han hecho con tal unanimidad, que la vuelve sospechosa. Cada uno lo ha hecho con su estilo, pero ninguno se ha quedado sin tomar parte en el concierto.

Un clima represivo

Ninguno de los analistas (periodistas) de derecha o centro-derecha ha cuestionado la presencia de cuerpos represivos de la policía durante una manifestación que hasta los trágicos sucesos no había degenerado en ningún disturbio. Tampoco han protestado por la presencia de franco tiradores en un hospital, que como tal —aún en momentos de guerra— es protegido por convenciones internacionales y no puede ser utilizado por una parte beligerante. ¿Qué hacían ahí franco tiradores? Esta simple pregunta no la han planteado los comentaristas de derecha o centro-derecha. ¿Y los aviones que volaron en el cielo de San Salvador? ¿Y los helicópteros con policías armados que se acercaron a la Universidad? Guardar silencio sobre todo esto en los comentarios que se hagan sobre lo acontecido el cinco de julio es aceptar —por cómplice omisión— que se instale en el país un clima represivo que prive al pueblo de su derecho de manifestar.

El derecho de manifestar libremente, de protestar contra medidas antipopulares, de reunirse en la plaza pública ha sido lo que le negaron las sucesivas dictaduras al pueblo salvadoreño durante decenios en el siglo pasado. Los diputados areneros que exigen que se proscriba al FMLN anhelan regresar a las épocas cuando le negaban al pueblo el derecho de organizarse en partidos políticos.

Urge afirmar que estos derechos, tan corrientes en otros países, tardan en entrar en la cultura política nacional. Sin embargo en estos momentos se han vuelto casi en objetivos por lograr. La coyuntura creada por los medias y las declaraciones oficiales en torno a lo que sucedió el cinco de julio tiene que alertarnos. No podemos permitir más retrocesos a la poca democracia que hemos logrado.

No podemos aceptar que la derecha tome por pretexto la trágica muerte de dos policías para criminalizar o convertir en acto terrorista cualquier protesta contra su política antinacional. El ministerio de gobernación, la policía y la fiscalía no han tardado en inventarse un nuevo delito, “el delito de velorio” y allanaron un templo de culto. Alegaron flagrancia y capturaron a casi doscientos sospechosos de la muerte de otros dos policías, otro hecho trágico. Este hecho ocurrido en estos días es una prueba de lo que le puede pasar a cualquier velorio o bailongo. Con esto entramos de lleno a lo arbitrario.

Los escuadrones de la muerte

A todo esto hay que agregar la actitud del fiscal general que ha mostrado su total incapacidad e incompetencia. Los diputados del centro que permitieron su elección lo juzgaron idóneo y lo pregonaron. Ninguna investigación sobre la tentativa de asesinato de un funcionario de la Universidad, complicidad con los responsables de la presencia de franco tiradores en el hospital de niños Benjamín Bloom, ninguna investigación sobre todos los heridos por balas en las cercanías de la Universidad. No hablo del crimen de los esposos Manzanares que ha quedado sin posibilidad de elucidación, la policía vino a levantar “evidencias” sobre los cadáveres durante el velorio, a casi cuarenta y ocho horas después... El silencio cómplice de los medios de comunicación sobre este crimen contrasta con la abundancia de comentarios sobre la muerte de los dos policías en las cercanías de la Universidad. El crimen perpetrado en Suchitoto tiene todos los visos de que los escuadrones de la muerte han regresado a la vida pública nacional.

El ejecutivo y los medios de comunicación a su servicio tienen varios meses de llevar una campaña de intimidación en contra de los jueces, poniendo en peligro a toda la institución de la justicia en el país y pisoteando su independencia. El presidente ha hecho su costumbre decretar fallos antes de juicio en sus conferencias de prensa o en sus discursos de propaganda.

La situación, como se ve, no se limita a la muerte de dos policías. Es todo el ambiente que es inestable y lleno de muchos peligros antidemocráticos. Todo esto vuelve urgente imponerle al ejecutivo un verdadero diálogo sobre la vida pública en el país. De nuevo se hace necesario discutir la función social de la policía, se impone su desmilitarización, es urgente que vuelva a ser la Policía Civil de los Acuerdos de Paz. Es necesario exigir el desempeño leal de su función a la fiscalía general, el respeto de la presunción de inocencia, la necesidad de aportar pruebas fehacientes ante los tribunales. Y sobre todo es necesario que una ley reglamente y limite el uso de armas en el país. ¿No es esta la ocasión para exigir que se prohiba la importación y venta libre de armas? Lo que necesitamos es la ampliación de los derechos democráticos, no su limitación.