Sobre el funesto decreto mordaza

Esta primera semana de junio ha sido reveladora de la absoluta separación que existe entre la casta política nacional y la sociedad. Los diputados de derecha votaron un decreto que cambia por completo las reglas para los fallos de constitucionalidad de la Sala de lo Constitucional, imponiéndole la unanimidad y anulando el voto por mayoría como ha sido desde siempre. El decreto fue votado aplicándole precipitadamente la fórmula de “dispensa de trámite”, sin pasar por la comisión y sin debate en el pleno. Este proceder hace unas semanas fue criticado acérrimamente por Mauricio Funes. El FMLN se opuso verbalmente, pero no se atrevió a votar en contra, apenas se abstuvieron. Esto provocó en la sociedad una profunda indignación. A muchos ciudadanos les pareció que el presidente iba simplemente a vetar el decreto y algunos se preparaban a pedírselo.

No obstante Mauricio Funes sancionó el decreto, sin pispilear y sin reparos. Pero esto lo hizo de inmediato, el mismo día, a unas cuantas horas, sin tomarse un instante de reflexión, Por primera vez en su mandato un ley recibía la aprobación y era mandada a publicar en el Diario Oficial con la fecha del día del voto. Todo se hizo a las carreras, los diputados y el presidente procedieron como si se tratara de evitar una inminente catástrofe. La aparentemente irreflexiva actitud presidencial causó en la población estupor.

La conomoción en la sociedad ha sido fuerte. Las protestas fueron también inmediatas, hubo reuniones públicas, multitud de páginas escritas, todos los medios existentes de comunicación han sido utilizados para externar el sentimiento generalizado de reprobación.

Más allá de los aspectos legales que han analizado los magistrados de la Sala de lo Constitucional, señalando los artículos de la Constitución que han sido violados por el decreto 743 y su inaplicabilidad de principio y de hecho, hay efectos políticos. El primero y directo es que la derecha y el presidente han perseguido paralizar a la Sala de lo Constitucional. Esta vez la picaresca presidencial se pasó de los límites, lo que hasta ahora, podía adquirir a veces, leves matices de maquiavelismo, esta vez se redujo a una bufonada. No se trata de simple complicidad, el apuro de Funes en firmar y publicar el decreto, reservando de antemano el espacio necesario en el Diario Oficial, denuncia la previa coalición con los partidos de derecha. Luego —como es su constumbre— sale a desmentir, cambiando los términos de las críticas provocadas. Pero este jueguito ya no le da resultados. Puede desquitarse a voluntad con los diputados del FMLN, con los dirigentes de su partido, pero ¿cómo puede enfrentar a la ciudadanía? El presidente quiere desviar hacia las dos diputadas del FMLN que firmaron también el decreto, toda la indignación y la reprobación de la población. No creo que en esto la gente caiga en el engaño. Funes en este asunto no ha sido un simple árbitro, como pretende presentarse, ha sido parte activa de este complot contra la estabilidad jurídica del país. La crisis institucional profunda que sufre en estos momentos la nación, ha sido provocada por su falta de prudencia, de discernimiento y, digámoslo de una sola vez, de inteligencia. Llega un momento en que la astucia y la picardía no suplen la falta de sesos.

La ilegalidad como regla de juego

La crisis institucional presente es el resultado de una larga y duradera ausencia de respeto de la Constitución que han tenido las sucesivas legislaturas y los presidentes. La anterior Sala de lo Constitucional no se pronunciaba, ni en mayoría, ni a la unanimidad sobre muchas demandas presentadas por los ciudadanos. A veces lo hizo cuando su efecto ya no era necesario, como su fallo de inconstitucionalidad de la primera ley de la “mano dura” del presidente Francisco Flores. Muchos fallos fueron dados en la anterior sala de la misma forma, de cuatro contra uno, o mejor dicho contra una, pues entonces una magistrada no estaba de acuerdo con el resto. Pero ella en cada ocasión razonaba extensamente su desacuerdo, lo que el patito feo de esta Sala no ha querido hacer, a veces se ha limitado en conferencias de prensa a referirse a su falta de tiempo y en la última ocasión a su ausencia momentánea de la sala donde se deliberaba. Ahora los nuevos magistrados están cumpliendo con su deber, han dado abundantes fallos, todos razonados, todos devolviéndole al país el respeto de su ley fundamental. Pero esta actividad legal de la Sala de lo Constitucional ha sido para los diputados, para los partidos poliíticos y para el presidente un oprobio. La Sala ha ido poniendo al día la agenda legal del país. Esto limita el autoritarismo del Estado oligarca salvadoreño, limita el excesivo presidencialismo, esto se volvió evidencia, cuando la Sala suprimió como anticonstitucional, la famosa “partida secreta”. Mauricio Funes salió a protestar con su boca en moño como un cipote regañado y puesto a purgar su pena en un rincón. Amenazó entonces que sus consejeros iban a encontrarle una parada a ese abuso y contornear “legalmente” el fallo de la Sala.

En nuestra “repubuca”, tal cual quedó estampado en el decreto mordaza 743, los diputados y el presidente no admiten que alguien pueda poner coto a la larga tradición de poder arbitrario. Tal fue la premura que ni repararon que un error de mecanografía le cambiaba el nombre a nuestro país, de República se volvió en “Repubuca”.

Es este último aspecto que vuelve claro el carácter social de la crisis actual. Pues la institucionalidad de nuestra “repubuca” ha sido la arbitrariedad presidencial en beneficio de la casta dominante, la oligarquía. El cambio esperado por la población incluía también la transformación de la institucionalidad del poder despótico en nombre de la clase dominante, se esperaba un ejercicio legislativo y presidencial en beneficio de las mayorías. La gente ha exigido en repetidas ocasiones parar la impunidad con la que han actuado los gobernantes precedentes, parar con el chanchullo, con el dolo, han exigido el respeto de la ley. Pero las leyes del país no corresponden en el texto con la dominación de la casta dominante, ni con los hábitos de gobierno que han existido siempre en El Salvador. Los partidos políticos han servido de escudo y parapeto a la oligarquía. La mayoría de salvadoreños pide cambio del Estado actual, como si ese cambio pudiera surgir sin profundos cambios en la sociedad misma. La ley que se aplica, la ley que realmente gobierna de hecho corresponde a los intereses de la clase dominante. La ley real se ha distanciado de la ley escrita, esto ha sido siempre manifiesto en muchos casos de delincuencia común. Se puso de manifiesto en la aprobación de medidas contrarias a la Constitución, pero cuya aplicación le convenían a la oligarquia o a sus aliados, las firmas multinacionales.

Funes es un hombre de derecha

Otra consecuencia política ha sido que ha quedado manifiesta la pertenencia ideológica del presidente a la vieja derecha que siempre ha gobernado al país. El partido que lo llevó al poder, persiste en apoyarlo, en disculparle todos sus desplantes, incluso a veces en apoyar sus medidas con sus votos. El FMLN acepta todo su argumentario, acepta sus abandonos. La alianza prioritaria a nivel internacional son los Estados Unicos, el FMLN lo segunda en esto. El presidente anuncia una política de “unión nacional”, el FMLN lo sostiene como si se tratara de una evidencia y una política en favor de las mayorías. El presidente propone una “pacto fiscal” que en resumidas cuentas es pedirle a los patrones el pago de los impuestos debidos y la no elusión del robo cometido al fisco, los voceros del Frente aplauden, no tartamudean. La realidad económica se ha ido agravando. No se ha podido revertir la catastrófica situación heredada de la derecha arenera. La delincuencia se profundiza, los remedios propuestos no se han diferenciado de los propuestos antes por los gobiernos y presidencias precedentes del partido ARENA. Es más aprovechando de la desesperación de la población por esta plaga delictiva, el presidente saca de los cuarteles al Ejército y lo convierte en policia, en aduanero y en carcelero y recientemente lo quiere convertir en educador de la juventud “en peligro de caer en la delincuencia”. Esto no es sólo la violación de los Acuerdos de Paz, que asignaba al Ejército mantenerse en sus cuarteles y ocuparse estrictamente a cumplir las funciones que le encomienda la Constitución. El FMLN lo acepta, lo segunda, lo alaba y lo defiende. Por último se ha vuelto difícil, por no decir imposible, ver en qué se diferencia la izquierda de la derecha.

Otra consecuencia mayor es la reacción de la ciudadanía. Muchachas y muchachas han salido a manifestar, por cuenta propia, sin esperar que nadie los convoque, a decir con calma su indignación. El rechazo de los partidos políticos y de los actos de estos partidos y el rechazo de la complicidad activa del presidente no se han convertido en simple negación de la política en general, sino que al contrario ha politizado a la juventud. Los jóvenes no aceptan que alguien venga manosear sus acciones, han creado movimientos, se han organizado, se reunen y deliberan. Han tomado la palabra. Este hecho es importante. Tal vez un efecto que no esperaban los diputados que votaron el decreto 743. Funes tampoco tuvo el ofalto necesario, el presidente pudo recobrar muchos de los puntos perdidos, pero lo que está en juego en el accionar de la Sala de lo Constitucional son los intereses de la clase dominante, intereses económicos con el funcionamiento en su beneficio de TLC, la dolarización que les permite facilidades en la especulación y en la elusión de los tributos no pagados. Los fallos de la Sala han venido a poner en peligro, en entredicho, el carácter despótico del Estado, pues le exige plegarse a la letra y al espíritu de la Constitución. El presidente sabe todo esto, lo intuye, no puede entonces darle importancia a un punto o dos en su popularidad.

Nadie sabe en qué van a terminar estos movimientos civiles surgidos en esta ocasión. No obstante son alentadores, pues la nueva generación le está poniendo punto final a un ”valeverguismo” que se estaba convirtiendo en una doble naturaleza de nuestra ciudadanía. Las muchachas y muchachos que han salido a la calle, a las plazas, se han tomado el tiempo en las redes sociales para escribir, comunicar su indignación, estos jóvenes han sido movidos por un alto sentido ético. Algo mayor se ha puesto en movimiento dentro de nuestra sociedad. Esperemos que crezca.