El fango y los escádalos politiqueros

La actual crisis institucional sigue su trabajo de desnudamiento de la separación que existe entre la casta política salvadoreña y la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Los fallos que han originado la crisis se refieren a decretos legislativos que durante años han regido actividades electorales del país. Estas prácticas han sido declaradas inconstitucionales por la Sala de lo Constitucional. Los partidos políticos se han visto agredidos por estos fallos, que les quitan parte del monopolío del ejercicio político nacional. Los ciudadanos por las prácticas y procedimientos consagrados hasta hoy, no podían individualmente ejercer ciertos derechos constitucionales, pues algunas disposiciones del Código Electoral los obligaba a ejercer esos derechos a través de los partidos políticos. Concretamente los ciudadanos no podían postular a un cargo político (diputado, alcalde o concejero municipal) sin ser miembros de algún partido político.

Esta disposición no está claramente, ni explícitamente, expresada en la Constitución. Pero todos vemos que ella introduce una absoluta desigualdad entre los ciudadanos. Unos pueden ejercer puestos de elección popular y los otros se ven privados de este derecho, pues están obligados a adherir a instituciones políticas que tienen sus propios programas y su propia ideología. Pero esto entra en contradicción claramente con lo que expresa explícitamente la Constitución respecto a los derechos de cada ciudadano a postularse como candidato a diputado, alcalde o concejero municipal. Este derecho universal se vuelve propiedad de los partidos políticos, son las cúpulas partidarias las que designan a los candidatos y el puesto en las listas.

La Constitución es explícita a este respecto, únicamente en lo que atañe al jefe del Ejecutivo y al vice-presidente. Ella impone la pertenencia a un partido político para postular a la presidencia y a la vice-presidencia. Es por eso que Funes adhirió a regañadientes al FMLN y desde el inició previno que no se disfrazaría con los colores del partido, ni aceptaría su ideología y que aplicaría su propio programa. Era pues una adhesión interesada y oportunista. La cúpula efemelenista se prestó a este engaño y trampa a los miembros de su partido, por ambición y oportunismo electorero. Pero de esto ya se ha hablado a saciedad y salta a la vista en la conducta y alianzas políticas que estos personajes han contraído durante estos dos últimos años. Señalo de pasada la poca altura ética que tiene este tipo de acuerdos.

El contraataque de ARENA y FMLN

Los partidos políticos ARENA y FMLN fueron los primeros en pactar un contraataque, legislando una larga lista de obstáculos para los candidatos individuales e independientes. Pero desde antes todos los partidos se reunieron en cónclave para preparar una reforma constitucional que dejara el stato quo del dominio partidista.

Luego han venido nuevos fallos que concernían directamente la existencia de dos partidos políticos, que seguían en vida gracias a una ley ad hoc promulgada por la Asamblea Legislativa. La Sala ponía la situación en armonía con las leyes y la Constitución, pero la casta política se vio en peligro en tanto que tal, pues la Sala de lo Constitucional seguía su actividad de aderezo legislativo. Estos fallos fueron votados por mayoría de cuatro contra uno, que permitía la ley. Fue entonces que se ingeniaron el decreto 743.

Muchas fueron las especulaciones sobre las reales intenciones de este “Golpe de Estado técnico”, muchas interrogantes sobre las alianzas que se establecieron previamente, muchos se preguntaron el papel particular de Mauricio Funes. No cabe duda que no todo está claro, que aún hasta ahora se desconoce realmente que papel individual juega en este “drama” cada uno de los protagonistas. Pero es evidente que el presidente y los partidos políticos —con todas las diferencias que existen entre ellos— tienen un enemigo común los cuatro magistrados que han dado los fallos incriminados.

La indiganación provocada en la ciudadanía por el decreto 743 que imponía la unanimidad a la Sala de lo Constitucional y la movilización que se dio en seguida, han vuelto lo que podía haber sido una simple crisis institucional, en una crisis social. Es este sistema de dominación de los partidos políticos del aparato del Estado, que cuestiona radicalmente la población. En esta crisis son los personajes los que se han desacreditado y el carácter mismo de las funciones del sistema estatal salvadoreño que se ha revelado como incompatibles con un auténtico ejercicio democrático.

Nuestro sistema es exacerbadamente presidencialista. Funes ejerce hartamente este presidencialismo y se sirve de él hasta la saciedad. El sistema mismo hizo que la población se volteara hacia el presidente para que vetara el famoso decreto 743. No obstante el presidente, delatando su participación en el complot contra la Sala de lo Constitucional, sancionٴó inmediatamente el decreto, con tal celeridad que esto causó, en primer lugar, incredulidad y sorpresa inaudita, luego vino la indignación. La población se sintió totalmente engañada, desfraudada, nuestro “el presidente soy yo” se quitó la careta y apareció tal cual es, un aliado de los partidos de la derecha, un hombre que fingió ser de izquierda, que se presentó garante de la “unidad nacional” alegando su independencia del partido que lo llevó al poder y de cualquier otro partido, ahora aparecía de nuevo como un “cipote de los mandados” de la derecha.

Pero en río revuelto, en este momento de crisis, se puede pescar votos, se puede pactar y romper pactos, se puede mentir con descaro, tomar poses de histeria, ensayar salidas circenses, pero que cada uno interpreta según su estatura moral. Y esta se ha revelado muy baja en toda la clase política.

Ante la población indignada y movilizada, el partido ARENA intentó una maniobra de recuperación. El expresidente Cristiani, en un acto de contrición, confiesa el error cometido y clama su arrepentimiento, propone entonces derogar el decreto 743. Confiesa los motivos de su actitud anterior, el miedo que resulten ciertos los rumores de que la Sala de lo Constitucional va a establecer la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. Afirma sin mayores detalles que ahora no existen estos planes. ARENA le pide ayuda al FMLN para derogar el decreto 743.

Medardo y Funes de la mano y ARENA detrás

Pero el FMLN anteriormente ha clamado por su parte, que no votó el decreto, aunque reconoce que ahora es ley de la República y que se impone a todos y se indigna que los magistrados se hallan declarado “en rebeldía”, pues es la interpretación que ha hecho la máxima autoridad del Frente, su Secretario General. ¿Por qué dice Medardo González que los magistrados están en rebeldía? Pues han instituido que ese decreto es inaplicable, lo han establecido de manera razonada y citando los artículos de la Constitución en que basan su fallo. En resumidas cuentas, se puede entender la posición del FMLN de la siguiente manera: “no votamos la ley, pero ahora que ya está sancionada por Funes se ha vuelto buena y además nos conviene”. Es por eso que en la sesión plenaria y en declaraciones previas el FMLN se niega a derogar el decreto. Los argumentos son pueriles. Nosotros no votamos eso, “el error lo cometieron ustedes, les toca a ustedes reparar lo que han cometido”. En el fondo, los dirigentes del FMLN quieren evitar que ARENA coseche los frutos de su pretendido arrepentimiento. Poco les importa ahora que esta abrogación responda o no a la exigencia de la población.

En este “drama” todos quieren llevar hasta el fin la interpretación del papel que les ha tocado: Mauricio Funes hincha todas sus ínfulas, viste su disfraz de hombre de conducta irreprochable, deja en bastidores sus promesas no cumplidas, sus repetidas volteretas gatunas, el jet prestado, los millones prestados, la partida secreta y las ocultas alianzas durante su corta vida de político y se erige en juez y justiciero. “Mi amigo y aliado Cristiani ha dicho que le han prometido que no van a derogar la Ley de Amnistía, por consiguiente los magistrados son corruptos”, es más o menos el contenido de su comunicado. Pues el fin primero de ese comunicado presidencial es desprestigiar a los magistrados acusándolos de su propio delito: haber entrado en componendas con Cristiani.

El caballero de la ufana figura

El presidente persiste en que su aprobación del decreto reprobado por la sociedad, es correcta, que no persiguía amordazar a la Sala de lo Constitucional. Pero en su irreprochable integridad, vuelto todo un caballero de “ufana figura”, saca su espada y pide depurar el Organo Judicial. Con la espada en ristre se vuelve el defensor supremo de la abrogación de la Ley de Amnistía. La insolencia del personaje llega al clímax. Uno no puede sino quedarse boquiabierto y pasmado. Este hombre se encaramó en una tarima para pedir perdón en nombre de el Estado por los crímenes cometidos durante la guerra civil, crímenes de lesa humanidad, que no se borran por este tipo de ceremonias. Con esta ceremonía ha pretendido anular la justicia. Este hombre que desde la campaña electoral hizo un punto de honor proclamar que no iba a derogar la Ley de Amnistía y que ya siendo presidente lo ha repetido en múltiples ocasiones y que insiste que no va a tomar ninguna iniciativa para ello, viene ahora y se rasga las vestiduras porque sospecha que ha habido un pacto secreto entre los magistrados de la Sala y el arenero Cristiani para no derogar la infame Ley de Amnistía.

Uno no tiene otro remedio que preguntarse ¿Y a vos qué te importa que se obrogue o no esa ley? Si con tu exhibida promesa de no abrogarla has querido inmacular la sangrienta historia de nuestro país, que todos olvidemos que hubo masacres, que hubo repetidos crímenes de guerra, que la reconciliación no se logra sin la justicia.

En definitiva, esta crisis ha venido a poner al desnudo que las instituciones del Estado salvadoreño es manejado por un sistema de ocultas componendas, de encerronas, de pactos escondidos, de cínicas declaraciones, de rupturas de pactos, de corrupción y de infamias. De esta descomposición nauseabunda no se salva nadie. Este Estado representa con fidelidad la sociedad que nos han impuesto las clases dominates. Porque esta pudredumbre social que ahora se manifiesta en el funcionamiento del Estado, proviene precisamente de las reglas inhumanas que rigen nuestra sociedad. Porque en nuestra sociedad poco importa que existan familias que viven en la indigencia, que para millones sea imposible juntar cabo con cabo sus miserables vidas, que para vestir convenientemente a sus hijos para que vayan a la escuela, es menester la limosna estatal, pero esta limosna no resuelve nada, pues el origen de la miseria sigue en pie. Se trata de una dominación sin frenos de un grupo de personas sobre toda la sociedad, sobre el resto de las clases sociales del país.

Esta gente acapara fortunas, viven en la opulencia, se niegan a modernizar al país, venden su soberanía, evaden impuestos, esconden sus ganancias, eluden el pago de los tributos. Es en beneficio de su especulación financiera, para facilitársela que nos dejaron sin moneda nacional, que se apoderaron de la banca y que luego vendieron a multinacionales. Esta casta puede con total descaro, a través de su organización la ANEP presentarse como defensora de la legalidad. Pero son los miembros eminentes de ese organismo los que nos han impuesto el Estado oligarquico que nos oprime. Es esto lo que todavía no sale a la superficie, que queda oculto por el fango de los escándalos politiqueros con los que se alimenta nuestra vida política.