La manifestación de los jueces

Durante los dos últimos gobiernos de Arena se ha vuelto costumbre que los presidentes comenten fallos de la justicia e incluso se opongan. Si se trata de un ciudadano cualquiera que esté inconforme, que esté en desacuerdo con al fallo y lo comenta, no podemos hablar de ingerencia en la administración de la justicia. No obstante si se trata del primer ciudadano, del jefe del Ejecutivo ya no se trata de un simple comentario, es una flagrante ingerencia. Este tipo de ingerencia se ha practicado por los presidentes, por ministros, por el director de la policía, etc. Una vez señalé en un artículo aquí mismo que estas ingerencias perseguían la fragilización del sistema judicial y entonces me pareció que eso no era inocente. Los jueces son los garantes de la justa aplicación del derecho y garantes de que el derecho se apegue a los principios fundamentales de la Constitución del país.

Los jueces advirtieron que la primera ley anti-maras no se apegaba a estos principios constitucionales. Esta ley fue declarada anticonstitucional, tardíamente por la CSJ, a la que hemos visto actuar (por orden del ejecutivo) con mayor celeridad, en el caso de las convenciones de la OIT, por ejemplo. Pero aun siendo la ley anticonstitucional, la policía la aplicó y capturaba jóvenes que eran presentados ante jueces, que fallaban contra la acusación ya sea por falta de pruebas o por fallas en la procedura. El director de la policía de entonces, el ministro del interior, Flores mismo, se dedicaron a ejecutar una campaña destabilizadora contra los jueces, con la plena complicidad de los medios masivos de información. En este caso el famoso "cuarto" poder arrimó el hombro y contribuyó para alcanzar el fin perseguido.

La fiscalía también protestaba, pero raras veces se iba por las vías de la procedura existente y no procedía a apelar ante instancias superiores. Su protesta entraba también en la misma orquesta. No es solamente el actual fiscal que se ha conducido así. Y de repente, como un mago en un circo saca un conejo del sombrero de copa, el Ejecutivo presenta un nuevo Código Procesal Penal. Este tipo de documento con cientos de artículos y tan fundamental para la administración de la justicia, la derecha también quiere apresurarse y limita al máximo las consultas y el tiempo de las consultas. Con esto no solamente le resta calidad a la consulta, sino que le impone simplemente ineficacia.

Pero este nuevo Código cambia la filosofía nuestro derecho, lo hace de manera radical. Le da al fiscal nuevos poderes y le otorga al juez un papel menos importante. Lo segundo es la clara y lógica consecuencia de lo primero. Si es el fiscal quien juzga de la calidad de la prueba y el juez no tiene pito que tocar en este asunto, si es el fiscal quien puede decidir solo el tiempo de prisión preventiva, simplemente nos estamos encaminando hacia una dictadura legal. Ya tenemos leyes con principios de excepción, como es la Ley anti-terrorista, el nuevo Código le da vuelta a los principios de derecho aplicados tradicionalmente en el país, pues creo que debemos agradecerle a los cientos de jueces que han salido a la calle a manifestar y a alertarnos de lo que se prepara.

El caso particular de los cuatro jueces imputados por la fiscalía comporta acusaciones que exigen pruebas. ¿El fiscal querrá quizá que una vez más le tomen su palabra como bajada del Sinaí o está ya experimentando el nuevo Código y se lo aplica a los jueces mismos?

Francamente urgimos de cambios radicales en el país. Lo que está pasando con este Código va más allá de una interpretación técnica, se trata de un acto eminentemente político conducido por el partido en el poder.