La violencia: prevención, educación y reinserción

Es innegable que el sentimiento de inseguridad y la inseguridad misma que reinan en El Salvador es un terreno propicio para cualquier desliz demagógico y para agravar las leyes represivas existentes en el país. Los gobiernos de ARENA y la derecha que se distinguieron por fracasar desastrosamente con sus leyes “Mano Dura” y “Mano Super Dura”, despliegan ahora una campaña en el país a través de los medios de comunicación, tratando de hacer creer a la población que la agravación actual es el resultado de la política del gobierno de Mauricio Funes. Esas inicuas leyes todavía siguen vigentes. La asamblea en vez de esperar la preparación, presentación y puesta en marcha del plan anti-violencia del nuevo gobierno decidió una medida de llevar hasta quince años de prisión para delincuentes menores.

Esta medida no persigue realmente disminuir la delincuencia, sino mostrarle a la población que la Asamblea también “actúa” en este frente. Porque la experiencia nacional, como internacional nos muestra que ninguna agravación de las penas conduce a la eliminación de la criminalidad. Ni siquiera la pena de muerte ha sido disuasiva en ningún lugar

Este hecho legislativo es sintomático de un mal salvadoreño aún más profundo, de carácter social y moral. Los diputados han tratado de responder a la espera de la población. La población vive ahora atemorizada, sumida en el miedo. La población quiere ver resultados rápidos, visibles, inmediatos.

Después de tantos años de aplicación de leyes represivas, pero sobre todo inútiles para la lucha contra la criminalidad, porque el carácter mismo de esas leyes es ante todo vengativo, no se logra llegar a un consenso de lucha preventiva. La sociedad salvadoreña no tiene como principio de justicia el castigo, sino que la venganza. Es por eso que las penas en El Salvador pueden, con sorprendente facilidad, superar el medio siglo de reclusión. Este espíritu de venganza se arraiga en el carácter despótico de toda la sociedad.

La medida votada por la Asamblea se inserta de manera inmediata en la misma línea que movió al presidente Funes a poner al Ejército en la calle, sin preparación y sin legitimidad, en esta misma línea entra también la proposición del ministro de la Defensa de instaurar estados de sitios. Son medidas y proposiciones que no corresponden a la lucha contra la criminalidad, pero sí responden al miedo de la población, a su aspiración vengativa. Los posibles grupos de exterminio reposan en el mismo principio de venganza.

Una de las primeras cosas a las que deben proceder los ministros y el presidente es decir la verdad: la violencia, la criminalidad se han desarrollado durante tantos años, han penetrado tan hondamente en la sociedad que esperar resultados inmediatos es imposible. Esta verdad tiene que imponerse. Pero esto no significa que las medidas preventivas, las medidas de lucha contra la delincuencia no deben de ser inmediatas. Al contrario hay urgencia en emprender desde ya planes que conduzcan realmente a sanear la sociedad en su conjunto de la violencia.

Porque nuestra sociedad es violenta, desde las relaciones intrafamiliares, las relaciones en las escuelas, en el trabajo, en la calle, en los buses, en todo el ámbito nacional. Las relaciones del Estado con la sociedad también son violentas, la policía tiene un trato agresivo con los ciudadanos, con cualquier ciudadano. Todo ciudadano es tratado como un sospechoso, como un delincuente en potencia. La policía se ha vuelto un ente extranjero a la sociedad, su presencia no es garantía de seguridad. La policía causa sosobra en la población, al igual que cualquier otra banda. Toda persona que tiene algún poder lo ejerce de manera violenta, ya sea un empleado municipal, secretaria, recepcionista, etc. Todo aquel que puede imponer su voluntad lo hace sin mayor remordimiento, sin preguntarse si su manera de actuar es la más justa, la más correcta. Es en este terreno que ha crecido la violencia delictiva en el país. Son constantes en el país las quejas de empleados sobre el autoritarismo de sus jefes.

El cambio de sociedad al que anhelamos incluye también una radical transformación en las relaciones entre la gente. A partir del hogar, en donde la autoridad parental no sea sinónimo de violencia parental, de castigos físicos, de abusos. En las escuelas no debe de reinar la autoridad del profesor que pretende saberlo todo y no se da tiempo de interrogarse si su manera de enseñar es la mejor, la más adaptada a sus alumnos. Los directores que ordenan sin consultar, que imponen reglamentos, que inventan normas.

Es menester que sepamos conjugar en nuestra sociedad el tríptico prevenir, educar y reinsertar. Desde las escuelas parvularias es necesaria la presencia de un adulto en permanencia para la mediación en los conflictos infantiles, que implique el uso de la palabra apaciguadora, que inculque que los conflictos no deben terminarse obligatoriamente por la satisfacción vindicativa de una de las partes.

No obstante es necesario que no nos ocultemos que la prevención además de necesitar mucho tiempo de dedicación, requiere de medios económicos. Pues no todos estamos preparados, no todos somos formadores natos. Necesitamos que los educadores sigan cursillos especializados, cuando digo educadores, me refiero desde los animadores de clubes deportivos hasta los profesores. Es necesario que se cree en todo el país una red extensa de casas de recreo y actividades infantiles y juveniles. Creo que ideas no faltan. Faltan medios y mucha voluntad y también paciencia.

Me sorprende que ante este cataclismo social, las autoridades no hayan tomado ninguna medida que elimine de manera radical la circulación de las armas de fuego en el país. La gente está ahora alarmada por el uso de armas de guerra en actos delictivos. ¿Cómo es posible que se justifique la presencia de armas en la sociedad como una posibilidad de defensa personal? Estudios europeos muestran que las personas que poseen armas y que no son delincuentes corren mayor peligro de muerte frente a un delincuente decidido a hacer uso de su arma. Lo primero que mostraría una determinación gubernamental es una reforma radical en este tema.