Las negociaciones fueron un objetivo

No creo que sea cuestión de carácter, pero de lo que no dudo es que mi manera de expresarme abraza ceñidamente mi modo de pensar. Me esfuerzo por llamar pan al pan y vino al vino. Voy al grano: los festejos y conmemoraciones del decimoquinto aniversario del Acuerdo de Chapultepec han suscitado múltiples comentarios en los que se aborda de manera falaz la historia de las negociaciones y sus resultados.

Algunos se obstinan en presentar las negociaciones como si se hubieran dado por la buena voluntad de ambas partes beligerantes y cuya iniciativa hubiera surgido afuera del conflicto armado que se desarrollaba en el país. Desgraciadamente estamos dejando que se imponga, por negligencia y por falta de historiadores, la versión de la guerra y de su fin que más le conviene a los genocidas y a sus cómplices.

Voy a dar un ejemplo, cuando se habla de las víctimas de la guerra, se incluyen sin remilgos, las víctimas de la represión, se incluyen las masacres y las exacciones, se cuentan todas las violaciones a los derechos humanos. A través de una frase que en apariencia es anodina: “las 70 mil víctimas de la guerra”, se está ocultando que la inmensa mayoría de esa gente asesinada, torturada, desfigurada, lo fue, no en actos de guerra, no en los combates, sino que en actos que violaban las reglas mismas de la guerra, es por eso que son “crímenes de guerra”. Es lo mismo que sucede cuando se dice que la gente ansiaba el fin de la guerra. En realidad, la guerra causó estragos y daños. Muchos desplazamientos de población se produjeron efectivamente porque se huía de los combates, pero la gente temía más los actos de represalias, las exacciones, las masacres que cometían los “escuadrones de la muerte” y todo tipo de organizaciones paramilitares, incluso simplemente batallones del ejército de la dictadura. Esta amalgama es posible porque nos hemos acostumbrado a que se vaya imponiendo un discurso lenitivo, que reclama “neutralidad” y “objetividad”.

"Discutiremos con el dueño del circo"

Muchos caen en esa trampa. De ahí que algunos repartan en igual medida la responsabilidad de la situación de hoy a los dos partidos mayoritarios, a Alianza Republicana y al Frente Farabundo Martí. Absurdo este reparto, pues desde hace quince años los únicos, repito, los únicos que han estado en el poder son miembros de ARENA. Admito que se le puede criticar, incluso que es necesario criticar al Frente por su manera de llevar el combate contra los sucesivos gobiernos areneros, no obstante es simplismo equiparar su responsabilidad con los herederos de los masacradores y asesinos. Incluso algunos han olvidado que el Frente todavía batallaba para ser reconocido como partido político, cuando fue votada por toda la derecha la amnistía de los crímenes cometidos durante la guerra (1993). Algunos parecen que tienen oídos sordos al no percatarse que el Frente ha exigido en repetidas ocasiones derogar la ley de amnistía.

Uno de los representantes de la dictadura en las negociaciones, escribió no hace mucho un editorial en La Prensa Gráfica, en el que nos expone su análisis del proceso. Su relación omite que los militares y los gobiernos de la dictadura, no importa quien asumía la presidencia, fueron reacios a cualquier forma de negociación. Nos pinta el proceso como si su inicio hubiera caído del cielo. En realidad, el primer llamado a negociar lo lanzó el Frente en 1981. Y ante la estupefacción de las organizaciones solidarias de cómo se podía sentarse en la misma mesa con los genocidas y torturadores o sus representantes, reiteradamente el presidente del FDR, Guillermo Manuel Ungo declaró que se iba a negociar “con el dueño del circo”, lo que significaba directa y exclusivamente con los Estados Unidos. Esta posición cambió por ilusoria y porque era normal que fueran las partes directamente beligerantes quienes se sentaran a negociar.

David Escobar Galindo —el editorialista de quien hablo— olvida señalar el encuentro en La Palma (1984) y el de la Nunciatura (1987) y toda la serie declaraciones y manifestaciones nacionales e internacionales que fueron obligando al gobierno de los Estados Unidos a instar u obligar a sus protegidos en El Salvador a sentarse a la mesa de negociaciones para que pudiera surgir lo que muy bonitamente Escobar Galindo llama “los entendimientos pacificadores”. También omite que las masacres seguían a la orden del día de la realidad salvadoreña de entonces. Al contrario sí que se refiere a la ofensiva “Hasta el tope”, como lo que confirmó la imposibilidad de una solución armada.

Los sueños y las esperanzas

Las matanzas, los allanamientos, los encarcelamientos, las torturas, las exacciones precedieron a los combates de la guerra. Los fraudes y las prohibiciones políticas, los exilios también precedieron a los combates de la guerra. Tanto la guerra, como las negociaciones se impulsaron para que este panorama nacional cambiara. La paz a que se anhelaba no era un rechazo de la guerra de liberación nacional, sino la esperanza de encauzar a nuestro país por derroteros democráticos. Tanto la guerra como las negociaciones se emprendieron con el sueño de ver nuestro país liberado de injerencias extranjeras, sobre todo de la injerencia estadounidense. Eso era lo que deseaba la gente, eso era lo que ansiaban los combatientes del FMLN. ¿Se puede decir lo mismo de los militares y los miembros de las fuerzas paramilitares? ¿Se puede afirmar lo mismo de los miembros de ARENA? Por un lado hubo una voluntad constante de negociar y por el otro sumisión a los mandatos del gobierno estadounidense. ¿Se trata de un análisis superficial esto que estoy diciendo? Realmente no se trata de un análisis, sino de un mero recordatorio.

El editorialista de La Prensa Gráfica tiene una frase, al enumerar los múltiples factores nacionales e internacionales que propiciaron las negociaciones, en la que se gasta un lenguaje capado. Lo cito: “El evidente desinterés estadounidense en seguir dándole financiamiento a un conflicto que ya no tenía el valor estratégico que le otorgaba la Guerra Fría,...”. Vamos, la injerencia estadounidense se convierte en un simple interés de financiar un conflicto. ¿Pero en qué consiste este financiamiento? Son armas de toda especie, aviones y helicópteros de guerra, son instructores que introdujeron prácticas criminales que los Estados Unidos aplicaron en Vietnam: masacres, torturas y el sistemático uso de la “tierra quemada”. Es posible que yo sea demasiado grosero en traer a la memoria esto que la burguesía desea que olvidemos.

David Escobar Galindo maneja este lenguaje con maestría en casi todos sus editoriales en los que habla de asuntos políticos. Es de los que piden concordia, que seamos comedidos, que evitemos los excesos, de los que afirman que necesitamos la paz social. Esta última limitada a la humillante sumisión del pueblo a la voluntad de los patrones.

Este término se está usando de manera abusiva. La paz social a la que se refiere el presidente Saca es la situación en la que no se hace huelga, lo dijo en uno de sus discursos “conmemorativos”, para otros se trata de obtener la seguridad ciudadana que sufre de la violencia delincuencial y a la cual el gobierno actual ha sido incapaz de aportar ninguna solución, por el contrario, al oponerse ferozmente a una ley que regule el uso de las armas y su importación, la mantiene y la agrava.

Las contradicciones en el seno del FMLN

Nuestro editorialista trae a colación dos veces en su relación los conflictos internos que existían entonces en el seno del Frente. En la misma oración que acabo de citar prosigue: ”...y el hecho de que la alianza también estratégica que hizo posible la integración de las 4 fuerzas guerrilleras y el PCS en un Frente estaba dando de sí, como se vio inmediatamente después de lograda la solución política, son factores que han sido muy poco analizados...”. Creo que en esto no le falta razón, aunque también creo que se queda corto. Esta alianza no fue muy estratégica, surgió de un compromiso táctico en el que no se pusieron en claro las posiciones comunes, mucho menos las divergencias. La aparente concordia estorbaba más que poner en claro y en público las divergencias.

He hablado del primer llamado a la negociación en 1981. Se sabe que este llamado se dio como consecuencia del análisis que algunas organizaciones hicieron de los resultados de la primera ofensiva del Frente, en enero de ese año. La misma manera de considerar la ofensiva fue diversa en el seno del Frente. Algunas fuerzas la declararon “ofensiva final” y la desataron con la esperanza casi mística de que el pueblo salvadoreño se levantaría en una invencible insurrección y que el ejército con todas sus organizaciones paramilitares se iba a echar en desbandada. Creyeron ilusoriamente que iba a suceder como en Nicaragua en julio de 1979. Pero eso no sucedió. Los mismos “estrategas” creyeron que a pesar de los significativos logros militares obtenidos, el fracaso insurreccional condenaba la vía militar en el país.

Desde este momento hubo un cambio substancial en todo el manejo militar y en el manejo político de la guerra. Primero, desde entonces los “estrategas” del ERP principalmente interiorizaron la imposibilidad de un triunfo militar y la guerra de liberación nacional se convirtió en un medio de presión para forzar las negociaciones. Nadie puede seguir hablando de este período como si las divergencias entre las FPL y las otras organizaciones no hubieran existido. El insurrecionalismo del ERP y en cierta medida de la RN (Resistencia Nacional) se topaba con la estrategia de la “guerra popular prolongada” de las FPL. Creo que esta oposición marcó toda la guerra y la solución de este conflicto ideológico en favor de una de las partes determinó en mucho las negociaciones y desgraciadamente sus resultados.

Creo que el análisis que ha publicado recientemente en Co-latino Antonio Martínez Uribe aporta elementos importantes para entender los resultados de las negociaciones y su aspecto estrictamente militares.

Las negociaciones implicaban, desde que fueron planteadas, que el Frente renunciaba a la toma del poder por las armas y eso le cambiaba el carácter mismo a la guerra. Ya no se trataba más de una guerra de liberación nacional, sino que de un instrumento de presión política para alcanzar las negociaciones. Las negociaciones debían acortar la guerra. Los objetivos de transformación social y política pasaban a segundo plano. Los negociadores del Frente ni siquiera plantearon la posibilidad de un Tribunal que juzgara a los ejecutores de crímenes de guerra, ni el reconocimiento inmediato del Frente como institución política.