La experiencia tiene que servir de aviso

No cabe duda que la situación política creada por la encarnizada oposición de la clase política a los fallos de inconstitucionalidad pronunciados por la Sala de lo Constitucional concernientes al Código Electoral, han puesto al desnudo la sólida cohesión y profunda unanimidad que existe entre todos los partidos representados en la Asamblea. En estos días hemos sido testigos de virajes espectaculares en las alianzas y en las tomas de posición. En definitiva los partidos parecen estar de acuerdo de prolongar indefinidamente la situación de conflicto entre los tres poderes del Estado.

El conflicto sigue abierto entre la alianza del Ejecutivo y el Legislativo contra el poder Judicial. Ambos poderes acusan a la Sala de lo Constitucional de invadir las prerrogativas de los otros poderes, en particular la de emitir leyes. En realidad se trata para todos los partidos, sin excepción, de conservar intacta la confiscación que han operado sobre el derecho del sufragio. Hasta ahora los partidos políticos, sus dirigentes ha venido repartiendo los puestos a diputados, alcaldes y concejeros a su antojo y tal vez como moneda de cambio para mantenerse en la cúspide de sus respectivos partidos. Las candidaturas individuales dieron como resultado la unión sagrada entre el FMLN y ARENA para dar a luz a un engendro legislativo. El decreto de estos “inesperados aliados” en vez de facilitar la posibilidad de cada ciudadano de postularse a un cargo, ha resultado ser una larga lista de obstáculos. La situación violatoria de la igualdad de los ciudadanos se peremniza y los dirigentes de ambos partidos insisten en que se trata de una ley justa y democrática. Los diputados persisten en mantener las listas cerradas elaboradas por las cúpulas y dejarle a esas dirigencias el derecho de elegir a los diputados, contraviniendo al derecho de la elección directa y universal de los ciudadanos. En esto la alianza entre el poder legislativo y el ejecutivo es obvia, el presidente acepta estas nuevas leyes sin observarlas, sin vetarlas, cuando a claras vistas no acatan las fallos de la Sala de lo Constitucional.

El episodio del rechazo de publicar en el Diario Oficial la notificación de la Sala y el lamentable alegato del presidente de la República, muestran al extremo que el poder que dispone de la fuerza, se adjudica abusivamente el derecho de interpretar la ley y de aplicarla a su antojo. Seguimos pues en pleno despotismo.

Los defensores de este sistema de dominación burguesa acuden permanentemente a sofismas e ilogismos para mantener sus posiciones. Ante el viraje que diera ARENA respecto al decreto 743, el FMLN (que no lo votó) rehusa con vehemencia abrogarlo. Y se han vuelto con el presidente en los más intransigentes defensores.

El presidente niega la realidad de la crisis institucional, arguye que de haberla, no estuviera inaugurando carreteras. El hecho de que exista un decreto mordaza en contra de la Sala, ¿no es la anulación simple y sencilla de un poder del Estado? La Sala ha declarado inaplicable el decreto y un empleado del Ejecutivo, obedeciendo al presidente, se niega a aplicar la ley y publicar la notificación de la Sala. La Asamblea vota en pleno su derecho de no dar recepción a las notificaciones de la Sala. Pero esas notificaciones contienen fallos, es decir resoluciones cuya vigencia no son apelables, pues provienen de la única instancia que puede interpretar la constitucionalidad de las leyes. Los encargados de garantizar el cumplimiento de las leyes, de velar por el respeto de la Constitución, los que tienen la fuerza (me refiero a la fuerza física de los cuerpos represivos) para doblegar la posible resistencia a su aplicación, han facilitado justamente el decreto mordaza y se amparan detrás de él para inaplicar la ley. Pero cuando es el mismo presidente que ordena no cumplir con la ley ¿Quién puede obligar al cumplimiento de la legalidad? ¿Quién tiene el poder coercitivo?

Es por ello que algunos han hablado de insurrección y de golpe de Estado como salida a la crisis. Ambos casos no son de actualidad, sobre todo el primero no es ni siquiera factible. El golpe de estado tampoco lo es, pero por razones políticas. El estado de violación permanente de la Constitución es el que ha prevalicido durante muchos años, los organismos del estado oligárquico han funcionado siempre de esta manera. Lo que ha venido ahora a provocar crisis no es pues la violación súbita e inaudita del “estado de derecho”, sino que una franja importante de la población ha tomado conciencia de la separación entre lo que dice la Constitución y lo que hacen los partidos políticos y sus dirigencias. La letra y los actos no se acoplan.

Pero este hiato entre la letra (las promesas) y los actos (la política real del gobierno) es lo que ha venido provocando el descontento popular, es lo que de manera ilusoria motivó que muchos vieran una salida del atolladero nacional en las candidaturas individuales, pues pensaron que con ello se acabaría la confiscación del estado por parte de los partidos políticos. Este es otro de los aspectos de la crisis. Pero es el más confuso, el más complicado y el que tal vez más tarde en disiparse.

Este último aspecto encierra el meollo político y social de la crisis. Porque de alguna manera, todos intuyen que las cosas no se van a arreglar incluso si los diputados consienten derogar el decreto 743 y que el presidente también esta vez se apure a sancionar y publicarlo. El problema es que día a día surgen obstáculos para el vivir de la gente. Hay que vestirse, comer, viajar al trabajo (cuando lo hay), en definitiva hay que salir a buscar esa mercancia universal que permite ser canjeada por cualquier otra y que se llama “el pisto”. Esos son los problemas del diario vivir, a los que hay que sumar el “sardineo” cotidiano en los buses, el miedo permanente de ser agredido, chantajeado, extorcionado, apuñalado o recibir una bala perdida o destinada. Es el problema de poder exigir sus derechos, cuando los hay, de obtener nuevos, indispensables.

Muchos han sentido con agudeza que es necesario enfrentar esta situación, pero que es imposible hacerlo uno a uno, separadamente. Que el cambio no va a llegar si no aparecen movimientos de masas que los exijan, que tengan la suficiente fuerza para que los intereses de los asalariados prevalezcan, que los intereses de las mayorias se impongan contra los de la ínfima minoría oligárquica.

No hay de otra, el cambio está planteado, pero no se trata de ponerle parches y más parches a la descascarada fachada de nuestra sociedad en ruinas. Es necesario ir a ver la calidad de los cimientos, en qué principios se funda esta sociedad y si coinciden con las aspiraciones mayoritarias. Se trata pues de abrir el camino hacia cambios profundos en la sociedad. Pero por el momento, los útiles sociales para llevarlo a cabo hacen falta, el partido político de nuevo tipo, en donde exista fusión real entre todos sus miembros, en el que haya desaparecido el verticalismo humillante y totalitario. Un partido en que cada voz valga igual que las otras, en que se aprenda la crítica, a razonar, a argumentar, a sopesar las proposiciones, a deliberar y a decidir juntos. Ese partido está por inventar, tiene que ser un partido de masas y surgido de ellas, al únisono con las aspiraciones más sentidas y decidido a cumplir e incapaz de virajes de conveniencia electorera.

También se necesitan sindicatos que defiendan los intereses de los trabajadores, sindicatos que salgan del sometimiento al patronato, que rechacen la tutela de los partidos políticos y que sean intransigentes en la defensa de los trabajadores. Sindicatos que luchen por ampliar los derechos laborales.

Son estos momentos de la crisis que es necesario profundizar, las reformas constitucionales aparecen secundarias desde esta perspectiva. Un amplio movimiento social puede imponer otro rumbo al país. Pero esto no se construye en un momento. No podemos permitir que se nos impongan los momentos electorales como hitos, como blancos hacia donde apunte toda la actividad partidaria. La experiencia de estas últimas décadas tiene que servirnos de aviso.