¿Hacia una dictadura constitucional?

Espero que los diputados se den cuenta del peligro a la democracia que encierran las proposiciones que le llegan de Casa Presidencial concerniente a la Ley Orgánica Judicial. Todas las reformas propuestas pretenden anular las actividades de la Sala de lo Constitucional. Todas son trabas a su independencia y todas van dirigidas a disminuir la capacidad de fallo y a amenguar las posibilidades de un fallo rápido.

Espero que no vean estas reformas con el espíritu revanchista con que votaron el decreto 743 y ni que apliquen la falta de lógica con que han envuelto los alegatos incoherentes que cada partido y grupo parlamentario, han producido estas últimas semanas para justificar su conducta.

Lo que propone Funes es simple y sencillamente la desaparición de la Sala de lo Constitucional. El decreto 743 ponía a un miembro de la Sala actual como árbitro supremo de la constitucionalidad, la proposición del presidente es que los fallos sean ratificados por los suplentes. ¿Qué mayor complicación que esta? Este procedimiento volvería a la Sala un tribunal mudo e impotente, obligado a deliberar en permanencia hasta llegar no solo a la unanimidad absurda que propone el decreto repudiado, sino que a un consenso en el que los suplentes adquieren el papel de superiores de los titulares. Funes le llama a esto entrar en la modernidad.

Los asesores de Funes, los que lo redean son gente aduladora y sumisa. Recuerden lo que se contaba del general Maximiliano Hernández Martínez, el prototipo del dictador. Se dice que cuando preguntaba ¿qué horas son?, le respondían invariablemente, “las que usted quiera mi general”. Lo mismo está pasando ahora con el presidentillo que tenemos. Todos han hablado de su arrogancia, de su ego de sapo de la fábula de La Fontaine, que se infló hasta reventar por desear ser tan grande como un buey. Las proposiciones han sido inventadas por sus asesores con el afan de agradar, de seguir “gozando de su confianza”, so pena de ser destituidos.

Algunos advirtieron ya que el decreto 743 llevaba en sí el peligro de una dictadura. Pues la Sala de lo Constitucional se veía en la imposibilitad de dar fallos y esto abría ancha la calle hacia cualquier decreto autoritario procedente de la Asamblea, como de Casa Presidencial. La Sala enmudecida no podía servir de muro de contención al despotismo del Ejecutivo. Todo pues podía irse a la deriva.

Entre las proposiciones de reforma a la Ley Orgánica Judicial hay una que de forma anodina, subrepticia, chanchullera pretende darle al Ejecutivo el poder de determinar qué fallo es constitucional y cuál no lo es. Pues para que tenga forma de ley debe ser publicado en el Diario Oficial y solamente en él. Pero ¿quién decide de esa publicación? ¿El director de la Imprenta Nacional? ¿El ministro de Gobernación? ¿El presidente de la república?

Está claro que si los diputados, los grupos parlamentarios analizan estas reformas exclusivamente a partir de la actual coyuntura, sin medir las graves consecuencias que encierran, nos encaminaríamos hacia una dictadura constitucional. El disfuncionamiento institucional que ahora conocemos no es nada, comparado a lo que se vendría, si dejaramos en manos de una sola persona, con todas las prerrogativas habidas y por haber. Pues sin una Sala de lo Constitucional independiente, capaz de dar fallos y emitirlos nos encontramos con un poder menos, haciendo desaparecer una parte substancial del Poder Judicial.

Sabemos que la Asamblea con una mayoría presidencial sumisa, con la actual configuración de la Constitución, permite conductas arbitrarias, consiente todo tipo de desfachatez, autoriza el más cínico despotismo. No se puede dejar en manos de una sola persona el poder ejecutivo y judicial al mismo tiempo. Si son empleados sumisos los que pueden decidir publicar o no un fallo de la Sala de lo Constitucional, desaparece su autonomía, su independencia.

Que Funes tenga las ínfulas crecidas para desear convertirse en una reyecito autócrata es una cosa, pero que los diputados por un rencor mal puesto, transformen el equilibrio institucional precario que ahora existe en una dictadura constitucional, sería el golpe de gracia a la naciente democracia salvadoreña.