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07 julio 2011

¿Hacia una dictadura constitucional?

Espero que los diputados se den cuenta del peligro a la democracia que encierran las proposiciones que le llegan de Casa Presidencial concerniente a la Ley Orgánica Judicial. Todas las reformas propuestas pretenden anular las actividades de la Sala de lo Constitucional. Todas son trabas a su independencia y todas van dirigidas a disminuir la capacidad de fallo y a amenguar las posibilidades de un fallo rápido.


Espero que no vean estas reformas con el espíritu revanchista con que votaron el decreto 743 y ni que apliquen la falta de lógica con que han envuelto los alegatos incoherentes que cada partido y grupo parlamentario, han producido estas últimas semanas para justificar su conducta.


Lo que propone Funes es simple y sencillamente la desaparición de la Sala de lo Constitucional. El decreto 743 ponía a un miembro de la Sala actual como árbitro supremo de la constitucionalidad, la proposición del presidente es que los fallos sean ratificados por los suplentes. ¿Qué mayor complicación que esta? Este procedimiento volvería a la Sala un tribunal mudo e impotente, obligado a deliberar en permanencia hasta llegar no solo a la unanimidad absurda que propone el decreto repudiado, sino que a un consenso en el que los suplentes adquieren el papel de superiores de los titulares. Funes le llama a esto entrar en la modernidad.


Los asesores de Funes, los que lo redean son gente aduladora y sumisa. Recuerden lo que se contaba del general Maximiliano Hernández Martínez, el prototipo del dictador. Se dice que cuando preguntaba ¿qué horas son?, le respondían invariablemente, “las que usted quiera mi general”. Lo mismo está pasando ahora con el presidentillo que tenemos. Todos han hablado de su arrogancia, de su ego de sapo de la fábula de La Fontaine, que se infló hasta reventar por desear ser tan grande como un buey. Las proposiciones han sido inventadas por sus asesores con el afan de agradar, de seguir “gozando de su confianza”, so pena de ser destituidos.


Algunos advirtieron ya que el decreto 743 llevaba en sí el peligro de una dictadura. Pues la Sala de lo Constitucional se veía en la imposibilitad de dar fallos y esto abría ancha la calle hacia cualquier decreto autoritario procedente de la Asamblea, como de Casa Presidencial. La Sala enmudecida no podía servir de muro de contención al despotismo del Ejecutivo. Todo pues podía irse a la deriva.


Entre las proposiciones de reforma a la Ley Orgánica Judicial hay una que de forma anodina, subrepticia, chanchullera pretende darle al Ejecutivo el poder de determinar qué fallo es constitucional y cuál no lo es. Pues para que tenga forma de ley debe ser publicado en el Diario Oficial y solamente en él. Pero ¿quién decide de esa publicación? ¿El director de la Imprenta Nacional? ¿El ministro de Gobernación? ¿El presidente de la república?


Está claro que si los diputados, los grupos parlamentarios analizan estas reformas exclusivamente a partir de la actual coyuntura, sin medir las graves consecuencias que encierran, nos encaminaríamos hacia una dictadura constitucional. El disfuncionamiento institucional que ahora conocemos no es nada, comparado a lo que se vendría, si dejaramos en manos de una sola persona, con todas las prerrogativas habidas y por haber. Pues sin una Sala de lo Constitucional independiente, capaz de dar fallos y emitirlos nos encontramos con un poder menos, haciendo desaparecer una parte substancial del Poder Judicial.


Sabemos que la Asamblea con una mayoría presidencial sumisa, con la actual configuración de la Constitución, permite conductas arbitrarias, consiente todo tipo de desfachatez, autoriza el más cínico despotismo. No se puede dejar en manos de una sola persona el poder ejecutivo y judicial al mismo tiempo. Si son empleados sumisos los que pueden decidir publicar o no un fallo de la Sala de lo Constitucional, desaparece su autonomía, su independencia.


Que Funes tenga las ínfulas crecidas para desear convertirse en una reyecito autócrata es una cosa, pero que los diputados por un rencor mal puesto, transformen el equilibrio institucional precario que ahora existe en una dictadura constitucional, sería el golpe de gracia a la naciente democracia salvadoreña.

6 comentarios:

  1. Anónimo1:29 a. m.

    Don Carlos, creo que no he comprendido exactamente lo que Usted llama “Una Dictadura Constitucional”, pues yo creo que la Constitución es la Carta Magna, representa el conjunto de las reglas con que se ha de jugar el juego democrático de un país y en este sentido su contenido es impositivo al grado que es precisamente esa, que las leyes promulgadas se ajusten a ese conjunto de reglas, lo que vigila y debe hacer cumplir, la misión de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala de lo Constitucional.
    La dictadura podría emerger del dominio y control de la Asamblea y la Corte al mismo tiempo, en este caso por parte del Ejecutivo, pero para evitar eso es que se ha creado la división e independencia de los poderes del Estado. Es en este meollo donde la presencia de los partidos de oposición juegan su papel de representantes de un sector de la población y es aquí donde nuestros partidos, particularmente Arena, no hay dado señales de vida como oposición.

    Atentamente

    Quijo-t

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  2. Estimado Quijo-t: Lo que señalo es muy sencillo. El Ejecutivo tiene en nuestra Constitución un poder excesivo, nuestro régimen es predisencialista al extremo. Por lo general las mayorías presidenciales son sumisas, pero esto se podría evitar y tal vez el régimen fuera menos centralizado. La realidad es otra, la Asamblea por lo general se limita a votar, delibera apenas, por lo general no hacen enmiendas a las leyes. Esa es la realidad.

    Pero si la Sala de lo Constitucional, no puede dar sus fallos, si tiene que perennizar sus deliberaciones, pues es lo que propone Funes al convertir a los suplentes en ratificadores de los fallos de los titulares, tendríamos un Sala incapaz de dar fallos. Pero Funes propone además de que sea el Ejecutivo quien determine la validez de los fallos, pues estos sería ley únicamente al aparecer en el Diario Oficial y solamente en él. Lo que significa que el Ejecutivo sería quien en última instancia la autoridad en fallar si se publica o no, eliminando asi al Poder Judicial.

    Esto con una mayoría sumisa y un Ejecutivo corrupto podría perfectamente legalizar cualquier cosa y los recursos de anticonstitucionalidad se volverían totalmente ineficaces. Por consiguiente toda arbitrariedad sería legal, constitucional. A esto me refiero. Esto no tiene nada que ver ni con el FMLN, ni con ARENA, esto tiene que ver con el fondo de lo que propone Funes.

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  3. Anónimo8:22 p. m.

    Don Carlos:Por lo que la Ley de Procedimientos en su art.10 manda y dispone; se infiere que la publicacion no constituye requisito de ley,asi que la publicacion en diario oficial es unicamente presupuesto del principio de publicidad en el ambito de que alguno sea tercero o interesado comprobado se de por informado,pero la sentencia es valida con las firmas de los jueces que las suscriben.Es curioso pero no se si quienes lo asesoran al presidente lo adulan o lo apuñalan con esas asesorias.

    J.C.

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  4. Anónimo6:33 a. m.

    SOS NECESARIO VIEJO.

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  5. Anónimo12:34 a. m.

    saludos carlos, sentimos tu ausencia..

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  6. Anónimo12:35 a. m.

    no seas holgazan, carlos,te estamos esperando

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