El gran problema con este tipo de entrevistas
de El Faro consiste en que el entrevistador no va en busca de información
para los lectores, sino con el ambicionado propósito de meter en contradicción
al entrevistado o ponerlo en malas posturas con su partido, sus colegas, etc.
En este caso es lo que se pasó haciendo el periodista con el ministro de
Seguridad Benito Lara. Con el agravante de tomar al lector por tontico y
explicarnos en el preámbulo cómo debemos entender lo que dice el ministro.
Según el ministro Benito Lara la cosa es sencilla, no se puede hablar de tregua
porque no hay beligerantes, por eso el concepto no es adecuado. El ministro
señala la necesidad de profundizar y diversificar los estudios sociológicos y
antropológicos para poder hacer un mejor diagnóstico y ver entonces los
remedios que dar. Claro aquí el lenguaje figurado nos puede engañar pues no se
trata de una enfermedad, sino que de un problema social profundo y grave. No me
parece desatinado por ello mismo considerar como conveniente agregar el aspecto
histórico del problema como lo sugiere el ministro.
Sabemos que los pandilleros son salvadoreños, que en gran mayoría han
nacido en el país, ya no podemos simplemente referirnos al “fenómeno” como algo
que se importó de los Estados Unidos, en todo caso decir eso sería no querer
enfocar el problema ni como propio, ni como un problema de nuestra sociedad.
Aquí he cambiado el término, no he dicho un problema social, le he querido
sacar el aspecto abstracto del adjetivo e irme a lo concreto que entrega el
sustantivo. Las maras no nos caen del cielo como una maldición, no son brotes
de alguna contaminación exógena, tampoco son marcianos. Son cipotes nuestros.
Son productos de nuestra sociedad, del modo de funcionar de nuestra sociedad.
En esto entran muchos aspectos que no se pueden reducir al económico, aunque
sea siempre fundamental. Pero lo social incluye modos de vida, dentro y fuera
del núcleo familiar, modo de conductas en las escuelas, el efecto de la
publicidad, los modelos sociales de conductas y ambiciones sociales. En todo
caso, estamos ante un problema que no se puede simplemente estigmatizar, de un
problema que por repugnante que nos resulte, lo queramos extirpar con la misma
violencia que lo hizo nacer. Porque no podemos negar que la violencia desde
décadas ha sido una forma de “solución” de nuestros problemas. Nuestra historia
está llena de violencia.
Pero esta vez la violencia ha llegado a límites materiales inauditos, pues
los valores morales de colocar sobre todas las cosas la vida misma han sido destruidos
entre esos jóvenes. Aquello de la ranchera mexicana de que “la vida no vale
nada” ha cobrado en nuestra sociedad, entre esos muchachos, un valor de
dignidad e identidad. ¿Cómo se llegó a eso en nuestra sociedad?
Los estudios que propone el ministro Lara tal vez busquen responder a esta
pregunta, porque una vez que hayamos comprendido cabalmente ese trágico cómo
podremos desmontar el proceso, podremos tal vez desacelerarlo.
La violencia que habita nuestra sociedad es inmensa, de manera espontánea
la mayoría de salvadoreños reclaman la pena de muerte, algunos hablan abiertamente
de exterminio, palabra tan connotada durante la Segunda Guerra Mundial. Se
sospecha, algunos no lo dudan, de que existen justamente en el país grupos de
exterminio que se conducen con el mismo principio de “la vida no vale nada”.
Todo esto, la violencia extrema de las maras, como la que se propone contra
ellas, tienen como fondo la total negación de los valores humanos, la negación
de la calidad humana del otro. Ambas actitudes tienen el mismo origen: nuestra
sociedad.
Lo que el ministro de Seguridad dijo sobre la preocupación del día a día de
los ministros anteriores tiene que ver con la necesidad política (demagógica)
de darle una respuesta rápida, la que sea, al clamor popular contra la
violencia criminal de las maras. En otras ocasiones aquí mismo he hablado de lo pernicioso que
resulta querer complacer a la “opinión pública” aportándole falsas soluciones y
promoviendo leyes que se quedan en el papel. Los gobiernos de ARENA hicieron
mucha alharaca con sus leyes “duras y súper-duras”, Funes con su ley “anti-maras” quiso mostrarle
a la gente que no se iba a quedar con las manos cruzadas ante el crimen del bus
incendiado y los 17 muertos calcinados en el bus, en Mejicanos. La ley y el ejército en la
calle fue una "decisión reflejo", una medida para sacarse de encima las críticas
y para que la gente sepa que “no me va a temblar la mano”. Pero el asunto no es
aquí de tembladeras de mano, sino de un problema que exige paciencia, que prohíbe
precipitaciones. Era necesario ya entonces hablarle claramente a la gente:
estamos ante un problema de sociedad que no se puede arreglar aumentando la
panoplia legal, todos los gobiernos aumentaron las penas hasta llegar al
extremo que de facto se convertían en condenas perpetuas, prohibidas por la
Constitución y que los diputados se vieron conminados por la Sala de lo
Constitucional a reducirlas.
Se requiere coraje político y honradez para decirle a la población, no
vamos a terminar con la delincuencia en unos meses, eso es imposible, el
fenómeno es complejo, grave sí, pero no se resuelve con promesas inútiles. Es
un problema global y necesita de soluciones globales en las que toda la
sociedad y todas las instancias del Estado a las que les concierne el problema
tienen que actuar y coordinar las acciones. Sinceramente es esto lo que he entendido
en las palabras del ministro de Seguridad Benito Lara.
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