Ley del Asocio un peligro para el país

El presidente, la embajadora, ministros, representantes de organismos internacionales, incluyendo personal de las Naciones Unidas instan a la Asamblea que adopte lo más pronto posible la ley del Asocio Público-Privado. El presidente Funes insiste en la urgencia y sobre todo en que este “acuerdo” (esta ley no menciona ningún gobierno extranjero), no contiene el principio de privatización.

El descaro del presidente es que miente desvergonzadamente. Entregar bienes y propiedades fiscales a una empresa para que la haga funcionar, la explote no se le puede llamar de otra manera. El inciso a) del Art. 3 reza de esta manera: el “Estado entrega al participante privado bienes u obras materiales de dominio público, para que, según corresponda, construya, amplíe, equipe, repare o mantenga una obra pública a ser explotada y destinada a brindar un servicio público, mediante concesión de obra pública”.  En la ley no se dice en cambio de qué se le da a la empresa privada la administración de estos bienes de la nación. Empleo ahora este término, pues la ley usa para tapar la realidad el término de “bien fiscal”, es decir perteneciente al fisco, al tesoro del país.

El presidente Funes ha repetido que durante su mandato no habrá ninguna concesión para la minería. Con esta promesa pretende exonerarse de emitir una ley que prohíba toda explotación minera en el país, tomando en cuenta todos los daños al medioambiente que estas empresas conllevan. Pero con esta promesa nos oculta, nos miente, pues la ley del Asocio admite de manera implícita la posibilidad en el futuro de poder hacer ese tipo de concesiones. Pues la ley contiene este otro punto, en el Art. 7: “Las licencias, autorizaciones, aprobaciones o actos similares complementarios, incluyendo las concesiones de recursos naturales reguladas en leyes especiales, que fueren necesarias para la realización de ciertas actividades objeto de un contrato, deberán ser otorgadas con carácter previo a la firma de dicho contrato sin perjuicio de aquellas que, por su propia naturaleza, deban ser gestionados con posterioridad”.

La ley no dice claramente que se entiende por recursos naturales, esto puede incluir los minerales actuales, como futuros. Pero también puede incluir los recursos como los ríos y su fuerza hidráulica, simplemente el agua, toda el agua. Esto puede cubrir también todos los recursos marítimos.

O sea que la sibilina promesa de Funes que durante su mandato no iba a permitirse la minería, oculta que la ley —que con tanta fuerza exige que se vote lo más pronto posible— contiene la posibilidad futura de ese tipo de concesiones y otras aún peores. La ley simplemente permite que empresas privadas tomen el control de todos los bienes nacionales. 

Pero esta enajenación de los bienes materiales, se acompaña del rapto de la soberanía nacional. Esta pérdida de la soberanía se da también en la imposibilidad que esta ley del Asocio le impone a la Asamblea para que pueda controlar qué sucede con estas concesiones. En primer lugar la Asamblea se ve maniatada, le conceden cuarenta días para que apruebe o rechace los contratos preparados por PROESA y la empresa privada. Se imaginan el grosor de esos contratos, tienen que ser leídos y analizados en cuarenta días. Con el agravante que si la Asamblea no se pronuncia dentro de ese lapso, el Estado tiene que pagar a la empresa privada 1% del monto del contrato.

Hay que darse cuenta de algo, la Asamblea pierde toda autoridad, toda su competencia, pues la ley del Asocio le impone votar un contrato con la sola alternativa de aprobarlo o rechazarlo. Esto significa que no puede modificar nada en el contrato. Su función deliberativa, de controladora de la acción del Ejecutivo se ve simple y llanamente cercenada.

Por supuesto que el burócrata de turno dirá que se trata de asuntos técnicos que han tomado mucho tiempo en discutir los detalles y que su redacción ha sido fruto de muchos compromisos, de largas conversaciones y negociaciones. Eso se entiende. No obstante ¿por qué se necesita de una ley general, que permite evadir el control de la Asamblea y que le entrega a una institución del Ejecutivo toda la amplitud para liquidar los bienes de la nación?

Ese Asocio se nos pinta como la solución de muchos problemas. Es la misma cantaleta arenera la que entona Funes y sus asociados, cuando los gobiernos de Cristiani, Calderón Sol, Flores y Saca se dedicaban a privatizar. Los capitales iban a llegar a aliviar nuestra pobreza, a traernos progreso y bienestar. Se habla de inversión, pero en realidad lo que va a suceder es una simple transferencia de bienes.

Lo que se prepara es completar lo que ya ejecutó ARENA. Se trata pues de un peligro mayor para el país, no se trata pues de algo insignificante, de algo inicuo. Al contrario, se trata de un ataque en forma contra el país, Funes se prepara a convertirse en el más acabado vendepatrias. ¿Los diputados van a aceptar ser cómplices de esta fechoría?