La pena de muerte sin juicio, ni condena

Hace unos días publiqué en este espacio estas tristes constataciones : «Vivimos en una sociedad en la que la mayoría sigue dominada por la ideología que destilan los medios de comunicación, la escuela, las religiones, etc. Vivimos en una sociedad pusilánime, miedosa, conformista y hasta cierto sentido, impregnada de la ideología fascista. Basta con ver la violencia verbal con que se abordan los problemas relacionados con la delincuencia. Pero al mismo tiempo, el tipo de soluciones totalitarias que se escuchan y leen, de nuevo se propone reintroducir la pena de muerte, el tipo de penas existente ya de por sí, en la práctica, son “condenas a cárcel a perpetuidad”, lo que prohibe la Constitución, las leyes “mano dura”, “mano super dura” y la “ley anti-maras” contenían como panacea, el recrudecimiento de las penas de cárcel. Pero esto es ya un detalle.”

“Nuestras gentes andan sumidas en el miedo que les impide razonar, que les impide tener reacciones racionales, la mayoría habla de exterminar las maras (término fascista por excelencia cuando se refiere a poblaciones, a personas). Otros, cada vez en mayor número, piden la abolición de “los derechos humanos”. En estos días, obedeciendo al mandato de sus amos, Funes ha nombrado a un militar en el puesto de ministro de la Seguridad Pública. La derecha se regocija y con ella todo el electorado pequeño burgués que se pasó a la “izquierda” en las últimas elecciones presidenciales. A toda esa gente envalentonada por la actitud cada vez más descarada de Funes como un hombre de derecha, llega incluso a expresar en voz alta su nostalgia por la Guardia Nacional. Que ese nombramiento sea un primer paso en la aplicación del Tratado de Asociación firmado recientemente, en el que se van a supeditar nuestras instituciones a la doctrina reaccionaria de “Seguridad Nacional” de una potencia imperialista, este hecho le importa un comino a la población, ni se entera y si se entera no le da la mayor importancia, es más, no alcanza a ver dónde está el problema. Que vayamos a ser aún más dependientes, pues eso no va a cambiar, piensan, en suma nada fundamental en nuestras vidas.”

El diario La Página nos informa ahora que el nuevo ministro de Seguridad Pública, Munguía Payés, le pide a la Asamblea Nacional le otorgue total impunidad a los policías y soldados que maten o hieran a delincuentes en su combate contra el crimen. Se trata pues de un nuevo paso hacia el fascismo en el país. El ministro simplemente está pidiendo a los diputados de reintroducir la pena de muerte, pero con el agravante de que se aplique sin juicio, ni condena previa.

No sé si los “progresistas”, la gente de izquierda, miembros y electores de los partidos de izquierda se den cuenta de la gravedad de la situación. Bajo el gobierno en el que participan miembros del FMLN, durante la presidencia de Funes, llevado al poder por los efemelenistas, no solamente se está militarizando al país, sino que medidas estrafalarias, totalmente descabelladas, dignas de una dictadura son propuestas sin que nadie se indigne, al contrario obtienen el asentimiento público y general. A tal punto que resulta imposible que los diputados del FMLN le nieguen los votos o su acuerdo de principio a esta medida de corte fascista.

Se han perdido muchas batallas en el pasado. La principal fue la que no se llevó a cabo: la batalla ideológica. Poco a poco la derecha fascista de nuestro país se ha ido imponiendo en las mentes de nuestros compatriotas y no se supo reaccionar a tiempo. La derecha dejó que las maras crecieran con exuberancia, que difundieran miedo en el país, que se volvieran en el principal asunto de preocupación de la población. Nadie quiso desde el principio emprender una batalla preventiva y educativa para contrarrestar el alza delictiva en nuestra juventud. El lenguaje usado por los políticos de ambos bandos, por los columnistas de todos los media deja de lado, lo ignora, hace abstracción de que se trata de jóvenes salvadoreños los que componen las maras. Se habla de las maras como si fuera una invación que nos ha llegado de no se sabe dónde, como si fuera algo extraño, extranjero a nuestra sociedad: las maras salen del seno de nuestra propia sociedad. Una sociedad injusta, agresiva, violenta en todas las esferas de la vida, que discrimina y humilla a los pobres, que ostenta la opulencia de los ricos, que se hunde en la corrupción, donde las clases pudientes regatean hasta el más mínimo céntimo de los impuestos a pagar.

La barbarie de los crímenes que cometen las maras se asemejan a la que practicaron los “escuadrones de la muerte” y todas las fuerzas represivas (entre ellas el Ejército) del Estado despótico de la oligarquía, durante la guerra civil. Ahora Funes ha emprendido una total rehabilitación de ese mismo Ejército. Al nombrar a un militar por orden de sus amos del Norte al puesto de ministro de la Seguridad Pública se estaba dando un gran paso hacia la total militarización del país. El ministro desde su entrada en funciones hizo un despliegue de fuerza en un pueblo, como lo practicaba el Ejército durante la guerra. Pero ahora se trata de un paso más hacia la vuelta a la dictadura. Pues ¿quién puede garantizar que esa medida no se va a extender hacia toda la población? ¿Quién garantiza que el crimen cometido por las “autoridades” se justifica de alguna manera? ¿Quién puede garantizar que no se proclame como delincuentes a los huelguistas, a los futuros indignados? Y como resultado se les pueda matar impunemente.

Muchos han subrayado que los soldados no están preparados para el combate de la delincuencia, para le persecución del crimen. El ministro está previendo ya, con tanto soldado en las calles, todo tipo de trasgresiones a la ley y se adelanta con el apoyo del presidente Funes, a pedir una amnistía por anticipado por las muertes que puedan causar.

Nos estamos avanzando simplemente, a grandes pasos, hacia un Estado sin derecho, en el que el Ejército ocupa el país, desde las fronteras hasta las prisiones, con el derecho de matar impunemente. ¡Este si que ha sido un cambio! Esto ni siquiera lo soñaron los areneros, pero el gobierno Funes/ FMLN lo ha hecho.

Lo repito, los delincuentes juveniles son el fruto de esta sociedad, son parte de la sociedad misma. Tanto es así, que el Estado despótico tiene la misma actitud de las maras, la violencia y la muerte. No creo que alguien se atreva a decir que con estas medidas reclamadas por el ministro Munguía Payés estemos entrando en una nueva civilización, que estamos construyendo la paz. Se trata de un estado de emergencia permanente, estamos ya adentro de un tunel oscuro.