Puede parecer extraño, pero la primera persona que informó sobre la partida de la Dra. Victoria Marina de Avilés del Ministerio de Trabajo, fue un diputado del partido ARENA, David Reyes. Lo hizo por la red de Twitter. Hubo desmentidos semi-oficiales, pero sobre todo se desencadenó desde entonces toda una serie de explicaciones sobre el “despido”. Una de ellas fue que la conducta y convicciones de la Ministra eran incompatibles con la política laboral y sindical del presidente Funes. Su integridad, su seriedad y sobre todo sus convicciones eran un estorbo. Se dijo que algo se estaba tramando.
Esta vez el presidente no ejecutó su cantaleta “ha perdido mi confianza”. Pues ningún ministro del gobierno, ni funcionario ha tenido el reconocimiento de los más interesados en su permanencia, los sindicatos. Los que perdieron la confianza con esta destitución fueron los trabajadores. El nombramiento de Humberto Centeno (exministro de Gobernación) al puesto de Ministro de Trabajo, a pesar de su pertenencia a la dirección del FMLN no levantó mayor entusiasmo. Como siempre y como lo hacen todos los nuevos nombrados, aseguró Centeno que iba a continuar el trabajo emprendido por su predecesora.
No obstante ayer supimos que el nuevo Ministro de Trabajo se apresta a ejecutar una sentencia que a todas vistas es inconstitucional, pero sobre todo es anti-sindical. El ministro del partido “revolucionario” de derecha, FMLN, va a disolver dos sindicatos cuya disolución es exigida por la dirección de la empresa “Claro” de propiedad de Carlos Slim.
Recientemente el presidente se reunió con este multimillonario. Recordarán algunos que el primer encontronazo de Funes con los diputados del Frente tuvo que ver con la anulación de esa especie de renta que perciben de los usuarios las compañías de teléfonos. Recordarán otros que el presidente Funes reconoció que su veto lo aplicaba después de haber tenido conversaciones teléfonicas con los empresarios. Evidentemente a nadie se le escapó que el mexicano era uno de los principales interesados en el veto presidencial. Como esta medida era simbólica y había adquirido de inmediato la aprobación general de la población, el obediente servidor de Slim tuvo que negociar con los diputados y se acordó no superar el veto, mantener la famosa “cuota”, pero reducirla un poco. Fue en este episodio que la desnudez del Rey se hizo manifiesta. Funes es el presidente de los ricos, de los muy ricos, del más rico del planeta.
El nuevo episodio que estamos viviendo con los planes de Centeno (guiado de la mano, no puede caber duda, por el sirviente de Slim) implica aún más a la cúpula efemelenista en la política reaccionaria del gobierno del “cambio”. Puede ser que Centeno sea un mequetrefe, pero también es cupulero y el detalle picante es que fue dirigente sindicalista del mismo sindicato que hoy se dispone a disolver. Fue dirigente del sindicato cuando aún no se habían rematado en la privatización los servicios de ANTEL.
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Se trata de una historia con cola y vieja. La Corte Suprema de Justicia ha declarado inconstitucional la disolución y las sentencias de disolución emitidas por los tribunales complacientes con las exigencias patronales. Los ministros de ARENA le prestaron oído a los tribunales, ignoraron la resolución de la Corte y se hicieron los sordos.
“Fue hasta en 2009 cuando la Dra. Victoria Marina de Avilés revocó las decisiones de sus predecesores, basando la suya en jurisprudencia Constitucional nacional y en los Convenios 87 y 98 así como en la recomendación 143 de la OIT aprobados por El Salvador, otorgando así en septiembre de ese año, personería jurídica a SITCOM”. Esto significa que la Ministra no tardó en darle razón a los sindicalistas, de restituirles sus derechos constitucionales y de aplicar con justicia las resoluciones de la Corte. El nuevo ministro con la misma celeridad se dirige hacia una decisión contraria: va anular lo sancionado por la Dra. de Aviles y rastreramente complace al multimillonario y de ribete al criado del multimillonario.
Esperemos que recapaciten, que no se vayan tan a la derecha, que no quieran aplicar la vieja política de las dictaduras de prohibir los sindicatos.
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