Las macabras intenciones del usurpador

Por Carlos Abrego

 Sospecho con mucha tristeza que el usurpador-dictador hará caso omiso de todo lo que se pueda mostrarle, argüirle contra la minería a cielo abierto. Nos ha desmostrado con creces que poco le importa nuestro país y su política tiene la apariencia de la de un ocupante extrajero que ha venido a saquear. Dudo profundamente que haya leído artículos científicos sobre el tema y que se haya informado debidamente de lo que ocurre con esas minas en el mundo. Ha pedido incluso que le indiquen qué otro país ha prohibido este tipo de minas. Hay muchos y basta una simple busca en la red para enterarse que Costa Rica, para no ir muy lejos, tiene prohibida la mineria a cielo abierto desde 2010.

Al igual que las grandes compañías farmacéuticas, las mineras subvencionan a científicos universitarios para que realicen estudios en favor de sus negocios. Muchos universitarios buscan dinero para llevar a cabo investigaciones, las univesidades públicas o privadas carecen de fondos suficientes para hacer frente a los gastos que requiere una investigación. Por ello acuden y aceptan las ayudas financieras del capital privado. Las sociedades capitalistas que invierten en las universidaes, les imponen los temas y a veces les sugieren los resultados. Abunda bibliografía en la que se denuncia estas prácticas.

Pero volvamos a Costa Rica, hay una sorprendente coincidencia o, si se quiere, una escabrosa casualidad : el gobierno de Rodrigo Chaves Robles también pretende derogar la ley que prohibe en su país la minería metálica a cielo abierto. ¿Será que Rodrigo Chaves Robles le susurró a Bukele el negocio que le proponen las mineras? ¿Le habrá dado los contactos necesarios para recibir las sobornadoras mordidaas de las mineras? También en Costa Rica la sociedad se opone a que vuelvan las compañías mineras a envenenar las tierras y aguas ticas.

Tanto Chaves Robles como Bukele abogan en favor de este retroceso ambiental, sugiriendo los beneficios sociales y económicos que se obtendrían, mostrándose también preocupados exclusivamente por el interés general. Este fue el refrán con el que los burgueses en sus tiempos iniciales extenuaron los oídos de sus víctimas, tratando de ocultar que los intereses privados y personales eran prioritarios. ¿Quién puede seguir creyendo esas argucias?

En Costa Rica aun existe la división de poderes y el estado de derecho sigue funcionando, la batalla de Chaves Robles tiene oponentes y ha encontrado trabas. En nuestro caso, las cosas se presentan muy distintas. Ya sabemos que la ley en El Salvador está subordinada a los antojos y ocurrencias del usurpador e ilegitimo presidente. Estamos sufriendo un absolutismo totalitario y aunque se publique en las redes sociales el video del padre del dictador, denunciando la minería metálica, el expoliador no va a obedecer ninguna otra voluntad que no sea la suya, ni escuchar razones ajenas.

Los idólatras diputados acatarán sin pispilear las órdenes que les lleguen de Capres. Si queremos salvar al país del desastre ambiental, que no tardará en ocurrir, vamos a urgir de una movilización popular imponente que obligue al clan gobernante a retrocedeer.

El avance civilizador que se obtuvo en El Salvador en 2017 fue una victoria popular. Recordemos que el diputado Guillermo Mata dijo entonces que la ley que se aprobaba, estaba « bañada en sangre ». Se refería a los seis ambientalistas de Cabañas que fueron asesinados en 2009. Ya en 2008, el gobierno de Saca determinó que no daría permisos de extracción sin un estudio de impacto ambiental y sin la existencia de una normativa para regular la industria. Fue entonces que la minera Pacific Rim Cayman, actualmente propiedad de la australiana-canadiense OceanaGold Corporation, que desde 2002 tenía autorización para realizar exploraciones, demandó al Estado frente a una institución de arbitraje del Banco Mundial.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) le dio la razón a El Salvador y ordenó a la compañía pagarle US$8 millones al Estado por los costos del litigio. Ahora un mentecato quiere que retrocedamos sin que los peligros ambientales hayan desaparecido. Acabamos de sufrir un desastre natural, con desbordamiento de ríos e inundaciones de vastos territorios. Esto puede volver a suceder, es lo más probable. Entonces las substancias venenosas que se necesitan para sacar el oro de la tierra y las rocas, se esparcirán necesariamente por el país, llegando al río Lempa.

Después de las tormentas pasadas las tierras siguen siendo cultivables, pero infectadas con cianuro nos dejarían con mayores problemas de subvenir con alimentos a la población salvadoreña. Ahora sabemos que se tendrán que importar granos desde los Estados Unidos, México, Guatemala, Etiopía, etc. En vez de invertir urgentemente en la agricultura, en desarrollar los cultivos, modernizándolos, ayudando a los campesinos, el plan de Bukele es poner en peligro las tierras centrales y mejores del país.

Las intenciones de Bukele son peligrosas para el país, si bien para él es un simple antojo o una manera más de enriquecimiento personal, nuestro país profundamente empobrecido, abrumado de deudas millonarias, con desesperante déficit alimentario no puede ser expuesto a nuevos riesgos.

Las centrales de venta de verduras y granos puestas por el gobierno no abastecen a todo el territorio nacional. Los precios que se practican en esas centrales son sorprendentemente más bajos que en los otros mercados. Eso es una campaña publicitaria mentirosa. Esas rebajas son pagadas con los impuestos de todos. Pero en el resto del país la carestía es la norma, hay penuria alimentaria. Insisto en este grave problema, pues es al que debemos priviligiar y desgraciadamente está íntimamente ligado al asunto de las minas a cielo abierto y a la vulnerabilidad ambiental a la que el país está expuesto. Si no se toman medidas drásticas al respecto para mejorar la situación, pronto no seremos capaces de la reproducción autónoma de nuestra población. Volveremos a la desnutrición generalizada.