Pronunciamiento sobre el caso de los jesuitas

Pronunciamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante el procesamiento en la Audiencia Nacional del Reino de España de ex militares de la FAES acusados en la muerte de los sacerdotes jesuitas y sus dos colaboradoras

En los últimos días, se han venido desarrollando una serie de acontecimientos relacionados con la tramitación del proceso judicial incoado en el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional de España, en contra de un grupo de ex militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador acusados en los asesinatos de Ignacio Ellacuría, S.J.; Ignacio Martín Baró, S.J.; Joaquín López y López, S.J.; Amando López, S.J.; Segundo Montes, S.J.; Juan Ramón Moreno, S.J.; Elba Julia Ramos y Celina Mariceth Ramos, ocurridos en noviembre de 1989.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), ha seguido con suma atención el diligenciamiento de este caso dado que, sin duda alguna, constituye una prueba del verdadero avance de la institucionalidad y del proceso social de construcción de la democracia en nuestro país. La PDDH tal como lo ha consignado en distintos foros, nacionales e internacionales, estima que este execrable hecho así como la larga lista de masacres aún pendientes de justicia, por ejemplo, la “Masacre de El Mozote” de la cual se conmemorarán 30 años el próximo mes de diciembre, pertenecen a la categoría que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos designa como crímenes de lesa humanidad (iuris gentium) y guardan el efecto de ser procesalmente imprescriptibles.

Con respecto a este tipo de crímenes vale decir no operan ni prescripciones ni la aplicación de medidas de amnistía. Mucho menos con las características de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz aprobada por la Asamblea Legislativa el 20 de marzo de 1993, a pocos días de haber sido hecho público el Informe de la Comisión de la Verdad (15 de marzo de1993), se orientaba más a ser un instrumento de favorecimiento de la impunidad, que un medio de reconciliación y de reencuentro de la sociedad salvadoreña.

Como institución nacional de derechos humanos hemos planteado una postura frente a esa norma en el sentido que la misma debe ser anulada no solamente porque es contraria a las obligaciones jurídicas de carácter internacional en materia de derechos humanos, emanadas tanto del sistema de protección universal como del sistema interamericano de derechos humanos sino, porque, constituye un imperativo ético. Es oportuno traer a cuenta que, sobre ese particular, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que forma parte del referido sistema hemisférico de protección, al cual El Salvador está sometido, se pronunció, en los siguientes términos:

“La CIDH ha señalado reiteradamente que la aplicación de leyes de amnistía que impiden el acceso a la justicia en casos de violaciones serias de los derechos humanos, hace ineficaz la obligación de los Estados partes de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sujeta a su jurisdicción sin discriminación de ninguna clase, según establece el artículo 1(1) de la Convención Americana. En efecto, dichas leyes eliminan la medida más efectiva para la vigencia de los derechos humanos, vale decir, el enjuiciamiento y castigo a los responsables”.

La PDDH, en el anterior orden de ideas, expone su postura institucional en cuanto a que, por un lado, el procesamiento judicial a los ex militares involucrados en la muerte extrajudicial de los sacerdotes jesuitas y sus colaboradoras, debe verse como una oportunidad excepcional para que se imparta justicia a las víctimas y sus familiares; asimismo, debe verse como un desafío para que las instituciones públicas de nuestro país respondan al mandato constitucional y legal para el que han sido creadas.

Vale recordar que esta Procuraduría se pronunció sobre el caso, declarando que:

“Da por establecido el incumplimiento del Estado salvadoreño a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, en lo referente al asesinato de los Sacerdotes Jesuitas Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Joaquín López y López, Amando López, Juan Ramón Moreno, así como de la señora Julia Elba Ramos y su hija Celina Mariceth Ramos, por el hecho violatorio de no investigar, procesar y sancionar, seria y efectivamente, a los autores materiales e intelectuales del crimen, así como a los funcionarios que participaron de los delitos de encubrimiento y fraude procesal señalados en el citado informe de la Comisión de la Verdad.

El incumplimiento de las obligaciones antes dichas, acarrea por sí mismo, una imposibilidad de que los familiares de las víctimas puedan acceder a una reparación adecuada, que es otra recomendación expresa de la Comisión de la Verdad. Por tanto, da por establecida, también, la violación a este derecho fundamental.”

Por ello, como defensoría del pueblo vemos en el encausamiento a los responsables de la muerte de los padres jesuitas y sus empleadas, una ocasión invaluable para que el Estado salvadoreño pague la deuda histórica que ha acumulado frente a las víctimas en materias de derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral hacia ellas, y sus familiares. La verdad, creemos, se encuentra íntimamente ligada con el deber jurídico del Estado salvadoreño de investigar o esclarecer aquellos hechos que configuren violaciones a delitos, a derechos humanos y abusos de poder, todo ello como parte del deber de garantía.

En consecuencia ante el auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción Numero 6 de la Audiencia Nacional de España, como Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos hacemos las siguientes consideraciones y recomendaciones:

- El proceso penal mediante el cual se procede acordar prisión, búsqueda y captura internacional de los procesados, fue iniciado sobre la base de leyes propias de su país, lo cual significa que debe respetarse su autonomía e independencia;

- Que debe garantizarse los derechos de las víctimas, que buscan establecer la verdad, justicia y reparación de estos graves hechos.

- Las ordenes de detención, búsqueda y captura internacional, con entrega de las personas a los servicios de INTERPOL, con el fin de solicitar su Extradición, deben ser ejecutadas conforme al procedimiento establecido en la Constitución de la República de El Salvador articulo 28 y 182 numeral 2º; conforme al Tratado de Extradición celebrado entre la República de El Salvador y el Reino de España y leyes secundarias;

- Que ante la trascendencia de este caso es necesario dejar que funcione la institucionalidad en nuestro país a fin de que se garantice un proceso justo, imparcial e independiente en contra de los procesados, quienes igual que las victimas, les asisten sus derechos y garantías procesales.

Finalmente, con este caso, tal como lo han sostenido los representantes de la Iglesia Católica de nuestro país, todos debemos abonar a erigir un orden social fundado en ese derecho y valor fundamental que resulta ser la verdad, la que, recordando palabras del defensor de derechos humanos el insigne Monseñor Oscar Arnulfo Romero, no debe estar esclavizada bajo los intereses de la riqueza y el poder.

San Salvador, 11 de agosto de 2011.

Licenciado Oscar Humberto Luna

Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos

El Estado salvadoreño y la “partidocracia” I

Desde hace cierto tiempo, en los comentarios de muchos salvadoreños, periodistas y blogueros, ha aparecido el término “partidocracia”, para caracterizar el tipo de régimen que sufrimos en El Salvador. A raíz de la gran polémica en torno al decreto-mordaza 743 contra la Sala de lo Constitucional y la actitud de los partidos políticos respecto a las candidaturas individuales e independientes, se ha levantado un motín ciudadano contra estos institutos. Todos los acusan de haberse apoderado por completo del aparato del Estado a su provecho y no haber dejado ningún resquicio sin imponer su huella y su dominio. Estas críticas se justifican por la realidad misma, pues son muchas las instancias del Estado cuyos dirigentes y directores son nombrados a partir de su pertenencia al partido en el gobierno o al partido aliado. Esto fue cierto con los gobiernos areneros y lo sigue siendo hoy con el partido efemelenista y sus eventuales alianzas.

En esta justificada actitud crítica se cuelan dos aspectos que me parecen dignos de ahondar. Se trata del carácter mismo del Estado en El Salvador y el otro del papel de los partidos políticos en la sociedad y respecto al Estado.

Los partidos aparecen en la arena política recientemente, la sociedad feudal no daba cabida a este tipo de organización ciudadana. Es la sociedad capitalista con sus diferentes formas de gobierno (monarquias o repúblicas), la que permitió el desarrollo de los partidos políticos. La burguesía en su período de ascención, cuando aún luchaba por adquirir su hegemonía sobre la sociedad empezó organizándose en grupos. Estos adquirieron su verdadero auge en el siglo XIX y desde el siglo pasado su existencia se ha regulado y extendido a casi todas las sociedades. Desde su aparición, los partidos aglutinaban personas con determinados intereses y con un modo de pensar más o menos común. Si los intereses que defendían eran, siguen siéndolo, privados, se presentaban como defensores del interés común, como representantes de toda la sociedad. Pero en la sociedad no existen solo los intereses de los burgueses, sino que también los intereses de otras clases sociales, fue así que a principios y mediados del siglo XIX los obreros y campesinos, los artesanos, comerciantes fueron creando sus propios partidos. Muchas de estas organizaciones tuvieron una existencia muy esporádica, aparecían y desaparecían, muchas se aglutinaban alrededor de una personalidad o de un grupo restringido de personas.

Solamente con la aparición de los partidos obreros organizados en la primera Internacional y su adhesión al pensamiento marxista fueron surgiendo en los diferentes países de Europa organizaciones políticas más o menos permanentes.

En nuestro país, todos sabemos de la existencia durante los inicios de nuestra vida independiente, de dos partidos que se disputaban la hegemonía: los liberales y los conservadores. Pero ambos partidos defendían los intereses de las clases dominantes y fueron ellos los que poco a poco fueron modelando el Estado salvadoreño. Como en cualquier otra parte del mundo, aquí estos partidos reunían en su seno y arrastraban detrás de sí a muchas personas que no pertenecían a la burguesía. Es desde el surgimiento de estos partidos y a través de ellos que la burguesía ha logrado imponer a la inmensa mayoría la idea de que sus intereses privados coinciden con los intereses de la nación. Es esto lo que sigue predominando hasta el día de hoy.

El Estado burgués

Pero la burguesía a través de sus partidos, de todos los órganos e instituciones ideológicas en sus manos ha ido creando asimismo la idea de que su Estado es el Estado de todos. Pero esto no es particular a nuestro país, es la idea que predomina en el mundo desde los grandes filósofos de los siglos XVIII y XIX. El Estado aparece como si estuviera afuera de la sociedad, como una especie de árbitro, como un gestor del bien común. No obstante en la sociedad existen luchas sociales y esto fue lo que hizo surgir también organizaciones obreras, que rechazan justamente este Estado y sus políticas. El reconocimiento legal de su existencia y el funcionamiento de estas organizaciones no fue espontáneo, durante mucho tiempo las organizaciones obreras fueron prohibidas y perseguidas. En muchos lugares, fue sólo luego de largas luchas sangrientas que obtuvieron su reconocimiento y participación en la vida política legal.

Ha sido en los períodos de auge de los movimientos populares, de los partidos obreros que el Estado se ha visto obligado a conceder algunos derechos a los trabajadores. Pero estos derechos no se mantienen de manera permanente, sufren siempre mermas desde que ocurre una baja en la intensidad de las luchas populares.

La aparición de organizaciones sindicales y políticas de las clases dominadas en la vida social, aún en los países en donde éstas han permanecido prohibidas y perseguidas, las clases dominantes se han visto obligadas a conceder algunos derechos. En nuestro país las libertades políticas, las pocas existentes, se han logrado también a costa de mucha sangre y mucho sufrimiento.

Ha sido larga la lucha en El Salvador, los sindicatos eran desmantelados, los sindicalistas iban a parar a la cárcel, eran exilados, torturados y asesinados. El Partido Comunista solo los primeros años de sus existencia fue legal, desde 1932 fue perseguido, muchos de sus miembros fueron asesinados, exilados, torturados. Pero no solamente fueron perseguidos los comunistas, sino que toda persona que iniciara una protesta. Las campañas anticomunistas eran permanentes, diarias. Toda persona que manifestara una idea que apenas se apartara del consenso impuesto, era acusada de “comunista” y merecía el castigo convenido. Fue precisamente bajo el pretexto de perseguir el comunismo que en nuestro país se nos negaron durante muchas décadas los derechos más elementales.

El Estado fue siempre despótico, nos fueron acostumbrando al autoritarismo, nadie ha escapado a esta manera de funcionar de la sociedad salvadoreña. El Estado creó sus órganos represivos, sus tribunales amañados, sus escuelas domesticadas. Durante todos estos años el clero fue un ayudante del régimen. Todos sabemos que Monseñor Romero y algunos otros clérigos fueron la excepción. Pero la dictadura no titubeó y también contra ellos usó la represión y llegó hasta el asesinato. Esta violencia permanente, institucionalizada, como se expresaba el arzobispo mártir, es la que recorre la sociedad entera, en los hogares, en las fábricas, en las instituciones todas. Cada jefecito puede en su dominio imponer sus desplantes, sus caprichos. Esto es patente desde la presidencia hasta el vigilante de algún supermercado.

Pero la precaridad de la vida política imponía por consecuencia una vida social también precaria. La desnutrición fue siempre un mal endémico, la falta de servicios o servicios deficientes, ningún derecho laboral, salarios indecentes, habitaciones pobres y estrechas, imposible acceso a las producciones culturales, los patrones y sus capateces podían y pueden incluso hasta hoy permitirse lo que se les antoje. La pobreza y el desempleo generalizado ha impuesto y siguen imponiendo aún hoy a las clases trabajadoras una sumisión de otras edades. Todo esto entraña una latente explosión protestataria, sediciosa, de rebelión. El Estado en su aparente función reguladora se erige como una fuerza, con todos sus cuerpos represivos, Ejército y diferentes cuerpos policiales.

No obstante el Estado sólo en apariencia es exterior a la sociedad. Esta exterioridad, la relativa autonomía que ha ido adquiriendo en la historia, es una de las más opresoras alienaciones que sufren los hombres. Las luchas sociales alcanzan asimismo al Estado, es en torno al poder político que otorga el Estado que aparecen distintos partidos, a veces sin que los diferencie alguna ideología o intereses de clase. Pero en la sociedad existen diferentes clases que se organizan políticamente en partidos y también luchan por alcanzar el poder que contiene el Estado.

La legalización del FMLN

¿Cuál es la situación concreta en El Salvador? Desde siempre y hasta la guerra los partidos populates fueron prohibidos y su existencia fue ilegal y clandestina. Los Acuerdos de Paz firmados en Chapultepec, que pusieron fin a la guerra, han abierto en el país un nuevo período que se puede calificar de democratización, en sentido bastante lato. El FMLN que regrupaba a los organizaciones guerrilleras pudo convertirse en partido político legal y participar abiertamente y sin trabas mayores a las actividades políticas nacionales. Esta legalización no trajo en ningún momento la calma esperada luego de la tormenta. La hostilidad hacia el FMLN fue permanente desde las instancias estatales, como de los órganos ideológicos en la sociedad. Revistas, diarios, televisión, radio, etc. participaron abundantemente en la denigración del nuevo partido. La lucha ideológica no tuvo ninguna tregua. El FMLN no supo, no pudo o no quiso dotarse de un órgano de prensa para divulgar sus ideas y dar cohesión a sus militantes y responder adecuadamente a estos constantes ataques.

El FMLN se fue paulatinamente desmembrando, dividiendo y al mismo tiempo se fue solidificando en su organización y fue adquiriendo mayor peso en la sociedad con su nuevo papel de partido político. La pluralidad de tendencias dio lugar a muchas luchas intestinas, al surgimiento de ambiciones personales y fueron apareciendo divergencias de apreciación insospechadas durante la guerra. Hubo disensiones y expulsiones, hubo pequeños cismas y muchos tránsfugas. Las ambiciones personales y la existencia de tendencias se han manifestado mayormente en los momentos de la designación de candidatos a los puestos de elección popular. Desde el candidato a concejero municipal hasta el candidato a la presidencia fueron puestos codiciados y esto dio lugar siempre a momentos de tensiones y luchas fratricidas. Ahora en apariencia y de manera estatutaria el FMLN ya no se organiza en tendencias.

Las luchas políticas legales

La poca o nula experiencia de los dirigentes guerrilleros en las luchas políticas legales ha constituido una traba particular. Era necesario adaptarse, adquirir nuevos conocimientos. ¿Cómo usar la legalidad? Por supuesto que al responder a esta pregunta los dirigentes del FMLN se encontraban ante una alternativa crucial. Al entrar en el “juego” político era obligatorio aceptar la legalidad burguesa estatal. Pero al mismo tiempo al conservar las aspiraciones populares de transformación social tenía la obligación de poner en tela de juicio esta misma legalidad. Este fue un punto mayor en la batalla ideológica entre la derecha y el recién llegado FMLN. Son famosas y muy repetidas las palabras de Jorge Schafick Handal sobre cambiar el sistema o que el sistema cambie al FMLN. Esta fue una advertencia importante y oportuna, iba dirigida hacia el interior, hacia los miembros del mismo partido. Pero poco a poco el FMLN fue cediendo en esta batalla, mejor dicho no dio esta batalla y aceptó irremediablemente como absoluta la legalidad impuesta por el sistema. Esto arrastraba nuevos abandonos. La lucha política, de una política de transformación social, no tuvo lugar. Incluso Schafik Handal en su campaña presidencial repetía que su programa era la Constitución, toda la Constitución.

La inexperiencia y las mismas luchas intestinas repetidas obligaron a los efemelenistas a abandonar la organizaciones de masa a su propia suerte, a supeditarlas a sus posiciones actuales, de respeto a la legalidad. Esto no significa que no hubo luchas sociales durante estos años, hubo incluso luchas fuertes y prolongadas en algunos casos. Pero las luchas diarias, las luchas por obtener nuevos derechos (que pone en tela de juicio la legalidad burguesa) fueron abandonados. El movimiento sindical siguió siendo raquítico. Las leyes laborales son prácticamente inexistentes y ni los pocos sindicatos, ni el FMLN llevaron adelante luchas por estos objetivos.

Al abandonar la lucha ideológica por la transformación social, por subvertir la legalidad burguesa, los dirigentes efemelenistas fueron entregándose a prácticas de lucha política aparentadas más a la politiquería que a una auténtica política en la defensa de los intereses de los trabajadores.

Apareció un hiato entre la actividad real y las declaraciones de fidelidad al socialismo, al marxismo-lenismo, su apoyo al Socialismo del XXI se fue dando de manera automática sin que se llevara adelante una reflexión profunda sobre su significado. Ahora incluso hay un remarcado mutismo sobre todos estos temas y en especial sobre el famoso “marxismo-leninismo”.

El descalabro en el Este europeo

Paralelamente a esto es menester señalar asimismo que el descalabro de los régimenes del Este europeo jugaron mucho en la depreciación de estos mismos temas y llevó a cuestionamientos sobre la posible “inautenticidad” para nuestro continente de ideas nacidas en Europa. El estruendoso derrumbe del “socialismo real” tuvo otras repercusiones prácticas, pues el tener que pensar sin un guía, un líder internacional, volvía urgente elaborar análisis propios sobre lo que condujo a ese descalabro. Esto no se hizo en el seno del FMLN. En esto es necesario mencionar que las distintas organizaciones guerrilleras que constituían el Frente no compartían las mismas apreciaciones sobre el “socialismo real” y los Estados socialistas. En esto hubo muchas divergencias incluso desde el inicio. Estas como otras divergencias fueron acalladas durante la guerra. Volvieron a surgir a raíz de lo ocurrido en Europa. Para algunos la URSS era el principal referente, incluso era el modelo de la sociedad socialista, modelo del Estado. La “Perestroika” no pudo salvar nada, no pudo revertir los procesos. Durante este período aparecieron ciertas discrepancias del Partido Comunista de El Salvador con la política de “reconstrucción” de Mijail Gorvachov. Su llamado al movimiento comunista a independizarse de la URSS, de pensar con su propia cabeza, a no considerar la sociedad soviética como un modelo y el PCUS (Partido Comunista de la URSS) como el hermano mayor, fue acogido por los dirigentes comunistas salvadoreños con muy malos ojos. Incluso muchos han considerado a Gorbachov como el responsable de todo lo ocurrido, sin ver que los procesos que llevaron a este final tan dramático, se iniciaron ya a principios de los años treinta. En todo caso, después de haber defendido un sistema represivo, con un sistema político autocrático y una sociedad aterrorizada, con prácticas económicas muy lejanas a la apropiación de los medios de producción por los mismos trabajadores, fueron muchos los que renegaron de sus convicciones y declararon también el “final de la historia”, la muerte del “marxismo” y al comunismo como una insensata utopía.

Es obvio que esto vino a fragilizar en el FMLN a los que pretendían seguir adelante con la lucha de transformación social, de llevar adelante luchas que atacaran las raíces mismas de la dominación oligárquica. El FMLN empezó ha funcionar en la vida pública como cualquier otro partido, se convirtió en un partido electorero, cuyo fin principal era la conquista del poder ejecutivo. (Sigue).

¿Hacia una dictadura constitucional?

Espero que los diputados se den cuenta del peligro a la democracia que encierran las proposiciones que le llegan de Casa Presidencial concerniente a la Ley Orgánica Judicial. Todas las reformas propuestas pretenden anular las actividades de la Sala de lo Constitucional. Todas son trabas a su independencia y todas van dirigidas a disminuir la capacidad de fallo y a amenguar las posibilidades de un fallo rápido.

Espero que no vean estas reformas con el espíritu revanchista con que votaron el decreto 743 y ni que apliquen la falta de lógica con que han envuelto los alegatos incoherentes que cada partido y grupo parlamentario, han producido estas últimas semanas para justificar su conducta.

Lo que propone Funes es simple y sencillamente la desaparición de la Sala de lo Constitucional. El decreto 743 ponía a un miembro de la Sala actual como árbitro supremo de la constitucionalidad, la proposición del presidente es que los fallos sean ratificados por los suplentes. ¿Qué mayor complicación que esta? Este procedimiento volvería a la Sala un tribunal mudo e impotente, obligado a deliberar en permanencia hasta llegar no solo a la unanimidad absurda que propone el decreto repudiado, sino que a un consenso en el que los suplentes adquieren el papel de superiores de los titulares. Funes le llama a esto entrar en la modernidad.

Los asesores de Funes, los que lo redean son gente aduladora y sumisa. Recuerden lo que se contaba del general Maximiliano Hernández Martínez, el prototipo del dictador. Se dice que cuando preguntaba ¿qué horas son?, le respondían invariablemente, “las que usted quiera mi general”. Lo mismo está pasando ahora con el presidentillo que tenemos. Todos han hablado de su arrogancia, de su ego de sapo de la fábula de La Fontaine, que se infló hasta reventar por desear ser tan grande como un buey. Las proposiciones han sido inventadas por sus asesores con el afan de agradar, de seguir “gozando de su confianza”, so pena de ser destituidos.

Algunos advirtieron ya que el decreto 743 llevaba en sí el peligro de una dictadura. Pues la Sala de lo Constitucional se veía en la imposibilitad de dar fallos y esto abría ancha la calle hacia cualquier decreto autoritario procedente de la Asamblea, como de Casa Presidencial. La Sala enmudecida no podía servir de muro de contención al despotismo del Ejecutivo. Todo pues podía irse a la deriva.

Entre las proposiciones de reforma a la Ley Orgánica Judicial hay una que de forma anodina, subrepticia, chanchullera pretende darle al Ejecutivo el poder de determinar qué fallo es constitucional y cuál no lo es. Pues para que tenga forma de ley debe ser publicado en el Diario Oficial y solamente en él. Pero ¿quién decide de esa publicación? ¿El director de la Imprenta Nacional? ¿El ministro de Gobernación? ¿El presidente de la república?

Está claro que si los diputados, los grupos parlamentarios analizan estas reformas exclusivamente a partir de la actual coyuntura, sin medir las graves consecuencias que encierran, nos encaminaríamos hacia una dictadura constitucional. El disfuncionamiento institucional que ahora conocemos no es nada, comparado a lo que se vendría, si dejaramos en manos de una sola persona, con todas las prerrogativas habidas y por haber. Pues sin una Sala de lo Constitucional independiente, capaz de dar fallos y emitirlos nos encontramos con un poder menos, haciendo desaparecer una parte substancial del Poder Judicial.

Sabemos que la Asamblea con una mayoría presidencial sumisa, con la actual configuración de la Constitución, permite conductas arbitrarias, consiente todo tipo de desfachatez, autoriza el más cínico despotismo. No se puede dejar en manos de una sola persona el poder ejecutivo y judicial al mismo tiempo. Si son empleados sumisos los que pueden decidir publicar o no un fallo de la Sala de lo Constitucional, desaparece su autonomía, su independencia.

Que Funes tenga las ínfulas crecidas para desear convertirse en una reyecito autócrata es una cosa, pero que los diputados por un rencor mal puesto, transformen el equilibrio institucional precario que ahora existe en una dictadura constitucional, sería el golpe de gracia a la naciente democracia salvadoreña.

De nuevo platicando con Alvaro Rivera

En estos días estuve interrogando a un columnista de Contrapunto sobre algunas de sus afirmaciones y sobre todo le demostré ampliamente que lo que afirmaba sobre K. Marx era falso. Le dije y se lo vuelvo a repetir, que habla siempre de un “marxismo ortodoxo” pero concretamente no nos dice quiénes lo practican, ni cita un solo postulado de ese marxismo, por lo menos así supieramos concretamente a qué se refiere exactamente. En esto residen mis objeciones a lo que escribió en un artículo en que según dice el quiere “ver socializada la discusión sobre los asuntos públicos”.

Porque no se puede realmente discutir con alguien que a pesar de responder en “los comentarios”, no me aporta ninguna respuesta sobre estos cuestionamientos. En su largo artículo no produce tampoco respuesta sobre lo que lo he cuestionado, en vez de eso se lamenta de no sé qué “caja de lustre” que he sacado en nuestra discusión, parece que el hecho de vivir en Francia y de estudiar el marxismo me hubiere obligado a olvidar su manejo. Cualquier salvadoreño, sabe que sacar a relucir ”la caja de lustre” es ponerse a insultar a alguien. Pues esto es simplemente falso. Una simple mentira y no veo para qué lo dice. Pienso que tiene mejores argumentos para tratar de salir parado en una polémica. Pues se preocupa de bostezar libracos de retórica.

No obstante voy al centro de nuestra discusión: hay dos puntos importantes, el primero es lo que afirmaba de Marx y lo otro es un recuerdo que le hice de su apasionada defensa de la socialdemocracia y los bandazos que da en sus posicionamientos políticos. Voy a poner aquí mismo lo que afirma, cosa que él no hace y esto que los comentarios en Contrapunto tienen que ser cortos.

“Veamos mi razonamiento y la crítica que Ábrego le hace: “Pero de haber sido un actor importante de la gran lucha de clases, cosa que sí fue Lenin, Marx habría enfatizado el aspecto positivo de su pensamiento”. De la primera frase de mi argumento (que Marx no fue un actor importante en la gran lucha de clases), Ábrego deduce que yo ignoro la experiencia política de Marx y que, por lo tanto, no sé nada de marxismo. Yo no niego esa experiencia, lo que hago es cotejarla con la de otro gran líder revolucionario. Quizás me excedí al valorar la trayectoria militante de Marx, pero eso no invalida mi juicio de que la biografía política de Lenin fue mucho más importante que la del gran barbudo de Tréveris. Lenin fue el inspirador de un fenómeno político que marcó el destino de millones de personas en el siglo XX. Pero no es eso lo que a mí me interesaba recalcar, sino el hecho de que la magnitud de los desafíos que Lenin enfrentó (derribar un Estado y construir otro) lo condujo a plantearse de modo más urgente y sistemático los problemas de “la política” en el marxismo. Lenin no se detuvo en la negación del sistema capitalista, fue más allá, se entregó al proyecto de levantar la nueva sociedad. Marx, por diversas razones, no desarrolló una teoría sistemática sobre el Estado y evitó “teorizar” sobre el socialismo; Lenin no tuvo más remedio que abordar los aspectos positivos de la política radica”.

Como ven, Alvaro se encarga de traducir mis reproches, no me cita, no dice lo que escribí. Lo voy a decir de nuevo. De lo que afirma se deduce —sin esfuerzo mental excesivo— que minimiza la actividad política de Marx. Cuando dice “de haber sido un actor importante de la gran lucha de clases”, ¿acaso no está diciendo que no lo ha sido? ¿Me equivoco acaso? Pero además de ser el gran creador del pensamiento que sigue marcando hasta hoy la vida política y filosófica de la izquierda, es Marx quien ha puesto al desnudo en qué consiste esta “lucha de clases”. Pero de manera concreta, ¿quién fue el promotor y fundador de la Primera Internacional Comunista? ¿Quién fue el que escribió junto con Engels, el Manifiesto Comunista? ¿Acaso Marx no participó activamente en la política cotidiana de esa misma Internacional? Su papel en las diferentes polémicas en contra de las diversas deviaciones y el anarquismo, ¿no era político? Su participación en el nacimiento del partido en Alemania, etc.

Le refería a Alvaro lo fundamental que Marx escribió en textos políticos, “La lucha de clases en Francia”, “El 18 Brumario”, las críticas al Programa de Gotha, etc. También le aclaraba que Lenin para escribir sus libros políticos escudriñó los textos políticos y teóricos de Marx. Pero Alvaro Rivera insiste y dice “El sentido general del párrafo aludido, y que Ábrego “se salta”, era que la experiencia de Marx, a diferencia de la de Lenin, no lo llevó a plantearse los problemas positivos de la política marxista”.

Los libros de Lenin sobre los aspectos del Estado y la lucha de clases se basan en los apuntes de los escritos de Marx y de Engels, pero sobre todo de Marx. Lo poco “positivo” que afirma Lenin sobre la sociedad futura lo saca de los escritos de Marx, el carácter transitorio del socialismo pertenece a Marx, la desaparición del Estado en el comunismo es una idea de Marx, la famosa “dictadura del proletariado” como forma inicial del Estado de la sociedad socialista es de Marx. Negar o ignorar esto y referirse a un “marxismo dogmático” es un abuso. Pues ponerle motes al pensamiento de quién sea, es necesario dominar el campo al que se refiere, es evidente que Alvaro no lo conoce, no lo ha estudiado, si no, no insinuara el papel político poco importante jugado por Marx.

Pero esto es justamente muy peculiar en él, son muchos sus artículos en los que él adopta la pose del maestro madrileño y sentencioso, en que insiste sobre los marxistas ortodoxos, sin dar una muestra, un pedacito de una cita, de algo que nos pueda indicar a qué se refiere. Es inútil pedírselo. Hacerlo es “sacar la caja de lustre” y decirle que ignora los elementos citados arriba es más que insultarlo.

Antes de pasar al otro aspecto que le ha dolido a Alvaro Rivera, que le saque en cara, que ahora abdique de la defensa de las posiciones de los reformistas y oportunistas de la Socialdemocracia, les voy a poner tres pasajes de su artículo. Se trata de una polémica, por supuesto que tiene derecho a atacarme, pero que no se presente como una virgen pura, pues no lo va a lograr. Veamos:

“No voy a imitar las posiciones maniqueas en las que cae nuestro amigo. A pesar del error suyo que comento, de ninguna manera se me ocurriría decir en frío, como él hace, que mi oponente no sabe nada ni dice nada sobre el asunto que aborda”.

Como ven declara sus intenciones de no imitar mis errores. Pero sigamos leyendo:

“Entre nosotros domina la maledicencia que sanciona como oportunista cualquier cambio en el pensamiento político de alguien”.

Alvaro empieza muy bien al imitarme, me dice maldicente. Y ahora leamos el remate:

“Ábrego, en el mejor estilo de los comisarios políticos del estalinismo, me acusa de dar bandazos ideológicos en vez de preguntarse por qué he modificado ciertas posiciones”.

Y termina pues con un piropo. Me llama “comisario político del estalinismo”. Mi gran error fue recordarle sus anteriores posiciones, se trata de bandazos, pues de una constante presentación de las “soluciones socialdemócratas” como insoslayables, de una defensa patética de la moderación, de recomendarnos un pragmatismo inteligente para adaptarnos a la cruda realidad, viene ahora y se presenta como el cantor de la esperanza.

No le exijo nada. Ni siquiera le insinuo que recuerde el tono doctoral que entonces tomaba y su tono acusador de querer llevar todo a no sé qué cataclismo. Hoy descubro que también no quiere un socialismo con comisarios políticos. Es muy loable.

Me alegra que la realidad, la lucha de clases que antes rechazaba, lo haya obligado a cambiar de opinión, espero que esa opinión se convierta en profunda convicción, que persista en ver que en la sociedad capitalista, en los momentos que parecen estar llenos de calma absoluta, puede aparecer el fantasma de la lucha de clases. Es cierto que los “Indignados” de Madrid han conmocionado a muchos. Pero no llegué a decirle, lo que se me pudo haber ocurrido “¿Adónde vas Vicente? Adonde va toda la gente”.

Un defensor medio fiscal

El alegato que desarrolla Carlos Molina Velásquez en defensa del FMLN es muy ambiguo. Pues se inicia de manera muy singular, por el reconocimiento del “delito” cometido por su defendido: “Claro que hay que criticar a la dirigencia del FMLN por su manejo tan torpe de la cuestión, y exigirle un mínimo de coherencia entre la práctica y el discurso, así como una mayor comunicación con las organizaciones populares, sus mismas bases, etc.”.

Inmediatamente pasa al contraataque, a su vista probablemente de manera muy astuta, leamos qué nos dice: “pero eso no quiere decir que debamos ceder a la apocalíptica que anuncia o demanda el fin del partido”. En cierto sentido lo es. Pero sólo a partir del nivel discursivo, en donde luego de inventar ingeniosamente un sustantivo que está ya envuelto de todas las connotaciones escabrosas que posee ya el auténtico nombre, la Apocalipsis, que anuncia el fin del mundo, nos exhorta que no llamemos al cataclismo, “el fin del partido”. La continuación inmediata también es una innovación, pues los efemelenistas se limitan a acusar a sus oponentes “de hacerle el juego al partido ARENA”, Carlos Molina Velásquez mienta en primer lugar a la asociación patronal, la ANEP. Es cierto que esta asociación de manera imprevista se pone atavíos democráticos y defiende la Constitución como si fuera por primera vez que se viola. Nada dijo durante tantos años en que las violaciones eran sistemáticas y aún más descaradas. Su virtud es una farsa.

El académico salvadoreño piensa tal vez que al limitar la acusación a las tergiversaciones y doblez del FMLN en la crisis provocada por el decreto-mordaza 743, va a lograr su cometido y va a poder evacuar el resto de abandonos políticos e ideológicos cometidos por el partido en el poder.

El meollo de su alegato se encuentra en una afirmación que debemos aceptar como premisa: “El partido FMLN sigue siendo un instrumento fundamental para las luchas populares”. Pero los que se oponen al Frente justamente acusan a la cúpula de haber raptado el “instrumento popular” y de desviarlo de su objetivo primordial. Sobre este punto el alegador no dice nada.

El gran punto de su defensa es justamente algo que estaba en todos los labios con enorme regocijo en los primeros días del gobierno de Funes: “Sacamos a ARENA del Ejecutivo”. Pero la gran desilusión precisamente viene de la falsedad de esto, ARENA sigue jugando un papel importante en las decisiones del Ejecutivo, los expresidentes areneros son convocados por el actual presidente como consejeros, lo esencial de la política económica gubernamental no se distingue en nada de la anterior. La política de endeudamiento sigue en pie. Su aproximamiento y la sumisión al gobierno de los Estados Unidos es más que evidente y aún mayor que la que practicó el último presidente de ARENA, Tony Saca. Funes ha llegado hasta el punto de servir de principal sostén de los golpistas hondureños. Sobre esto nada han dicho los dirigentes del FMLN y los militantes no reaccionan o simplemente repiten el estribillo acusador contra los que critican. Pero ahora sabemos que altos dirigentes (entre ellos el propio Medardo González) fueron a la Embajada de los Estados Unidos a presentarse como los nuevos amigos del gobierno estadounidense. Ellos alegaron su honarabilidad y su amistad. En una entrevista Sigfrido Reyes se ufanaba que un alto funcionario de la Embajada lo había recibido en su casa y lo había agasajado con una taza de té y tal vez con cucharitas de plata.

Aunque de vez en cuando, como para mantener ardiente la velita, los dirigentes repiten su apego incluso al marxismo, aunque a un marxismo un poco capado. Pero dan pruebas claras de su alejamiento del objetivo socialista y su defensa del gran capital. El 5 de diciembre de 2010, en el diario El Mundo, el secretario general del FMLN lo dice sin ambajes. Cito la pregunta y la respuesta:

Hay algunos dirigentes de la empresa privada como Jorge Daboub que dicen que confían en el presidente de la República y no en el FMLN ¿qué le dice?

Que es una mala comprensión, una mala interpretación, ya sea porque se equivoca, o por interés. Pero el FMLN no ha planteado, ni plantea, como algo programático, no estamos planteando para nada sobre la necesidad de terminar con el capitalismo, con la gran empresa, con el gran capital. Lo que creemos es que hay que utilizar la fuerza y potencial del capital, del Estado, para salir adelante con nuestro país. Y por eso regreso al tema del dólar: nosotros en el FMLN si creemos que una de las cosas que detiene las posibilidades de poder avanzar es mantenernos anclado con el dólar. Es una acusación (posición de algunos empresarios) es más de carácter ideológica que de carácter político. El FMLN ha venido demostrando y seguirá demostrando que el FMLN no es enemigo del empresario, no es enemigo de la gran empresa, y tampoco habla de la necesidad, de la creación de otro modelo, de otro sistema. Estamos simplemente pensando en la necesidad de seguir con nuestro país, de construir nuestro país".

Si se lee bien lo que afirma Medardo González, reconoce que su partido “no ha planteado, ni plantea, como algo programático... la necesidad de terminar con el capitalismo”. Como algo programático y esto a pesar de que adhirieron precipitadamente a la V Internacional Socialista de Hugo Chávez y que en los múltiples cambios en el reglamento nunca se han atrevido a borrar el calificativo de “socialista” al partido.

Pero es que en la misma entrevista el Secretario General no tiene ningún empacho en declarar que el marxismo es su ideología, pero por supuesto es él quien posee la clave, el verdadero, el auténtico. Y rechaza toda una serie de “marxismos” que enumera sin referirse a quienes los practican en concreto.

No obstante Carlos Molina Velásquez a pesar de que llama con vehemencia a no atacar, ni criticar al FMLN, lo hace aduciendo razones a veces un poco sorprendentes: “porque no está acabado” y no “todo lo que hace el Frente socava el proyecto izquierdista en nuestro país”. Bueno, si estuviera ya acabado entonces ¿quién perdería el tiempo en atacarlo? La segunda es reveladora: pues reconoce que no todo lo que hace socava el proyecto izquierdista en El Salvador. Esto simplemente es el reconocimiento de que si hay acciones del FMLN que obstruyen, obstaculizan el proyecto de transformación social.

Leamos algo muy interesante en la boca del defensor del FMLN: “La crítica atinada y necesaria a una cúpula que se alejó de la gente e incluso de su propia militancia debería ir acompañada de una reflexión acerca de los vínculos históricos, organizativos y simbólicos entre las organizaciones populares y el FMLN: aun si repudian lo que hacen sus dirigentes, se trata de “su partido”, lo cual no equivale a puro entreguismo a la línea que dicta la cúpula”.

Creo que si la critica es atinada y necesaria por razones de peso como el hecho de alejarse de la gente e incluso de su propia militancia, no veo en qué sazonarla con una reflexión sobre “los vínculos históricos, organizativos y simbólicos” pueden cambiar la esencia de los actos de los dirigentes del partido. Pero el defensor apela a una especie de sumisión sentimental al “partido”, porque este ha sido “su partido”, de las organizaciones populares. Vaya argumento político que nos ofrece el abogado del Frente. El colmo es que aunque se repudie “lo que hacen sus dirigentes” con la salsa de la reflexión sobre los pasados vínculos esto “no equivale a puro entreguismo a la línea que dicta la cúpula. Pero ¿qué otra línea política exite en el FMLN?

Con tantas contradicciones, con tantas falsas propuestas y verdaderos reconocimientos del nefasto papel que juegan los dirigentes del FMLN en los proyectos populares, ¿para qué llamar a la obediencia y a la sumisión?

Porque en el funcionamiento actual del FMLN las bases han sido enmudecidas, sólo les queda obedecer, ejecutar lo que decide el pequeño grupo de la Comisión Política. Este grupo es el que le ha puesto tranca y candado a las puertas que llevan hacia la dirección, todo miembro del partido que pueda subir, debe pasar por el embudo estatutario y por el colador político de la cúpula.

Esta situación es la que hace pensar que una recuperación interna es imposible. Y el acercamiento que pregona Carlos Molina Velásquez hacia la dirección es un deseo muy devoto y muy ilusorio. Lo vemos justamente en la negación obstinada de no querer resolver la crisis actual y en los argumentos que sin excepción promueven los diputados y dirigentes del FMLN y en la constante acusación hacia todo aquel que se atreve a criticarlos de querer aliarse con la derecha.

La experiencia tiene que servir de aviso

No cabe duda que la situación política creada por la encarnizada oposición de la clase política a los fallos de inconstitucionalidad pronunciados por la Sala de lo Constitucional concernientes al Código Electoral, han puesto al desnudo la sólida cohesión y profunda unanimidad que existe entre todos los partidos representados en la Asamblea. En estos días hemos sido testigos de virajes espectaculares en las alianzas y en las tomas de posición. En definitiva los partidos parecen estar de acuerdo de prolongar indefinidamente la situación de conflicto entre los tres poderes del Estado.

El conflicto sigue abierto entre la alianza del Ejecutivo y el Legislativo contra el poder Judicial. Ambos poderes acusan a la Sala de lo Constitucional de invadir las prerrogativas de los otros poderes, en particular la de emitir leyes. En realidad se trata para todos los partidos, sin excepción, de conservar intacta la confiscación que han operado sobre el derecho del sufragio. Hasta ahora los partidos políticos, sus dirigentes ha venido repartiendo los puestos a diputados, alcaldes y concejeros a su antojo y tal vez como moneda de cambio para mantenerse en la cúspide de sus respectivos partidos. Las candidaturas individuales dieron como resultado la unión sagrada entre el FMLN y ARENA para dar a luz a un engendro legislativo. El decreto de estos “inesperados aliados” en vez de facilitar la posibilidad de cada ciudadano de postularse a un cargo, ha resultado ser una larga lista de obstáculos. La situación violatoria de la igualdad de los ciudadanos se peremniza y los dirigentes de ambos partidos insisten en que se trata de una ley justa y democrática. Los diputados persisten en mantener las listas cerradas elaboradas por las cúpulas y dejarle a esas dirigencias el derecho de elegir a los diputados, contraviniendo al derecho de la elección directa y universal de los ciudadanos. En esto la alianza entre el poder legislativo y el ejecutivo es obvia, el presidente acepta estas nuevas leyes sin observarlas, sin vetarlas, cuando a claras vistas no acatan las fallos de la Sala de lo Constitucional.

El episodio del rechazo de publicar en el Diario Oficial la notificación de la Sala y el lamentable alegato del presidente de la República, muestran al extremo que el poder que dispone de la fuerza, se adjudica abusivamente el derecho de interpretar la ley y de aplicarla a su antojo. Seguimos pues en pleno despotismo.

Los defensores de este sistema de dominación burguesa acuden permanentemente a sofismas e ilogismos para mantener sus posiciones. Ante el viraje que diera ARENA respecto al decreto 743, el FMLN (que no lo votó) rehusa con vehemencia abrogarlo. Y se han vuelto con el presidente en los más intransigentes defensores.

El presidente niega la realidad de la crisis institucional, arguye que de haberla, no estuviera inaugurando carreteras. El hecho de que exista un decreto mordaza en contra de la Sala, ¿no es la anulación simple y sencilla de un poder del Estado? La Sala ha declarado inaplicable el decreto y un empleado del Ejecutivo, obedeciendo al presidente, se niega a aplicar la ley y publicar la notificación de la Sala. La Asamblea vota en pleno su derecho de no dar recepción a las notificaciones de la Sala. Pero esas notificaciones contienen fallos, es decir resoluciones cuya vigencia no son apelables, pues provienen de la única instancia que puede interpretar la constitucionalidad de las leyes. Los encargados de garantizar el cumplimiento de las leyes, de velar por el respeto de la Constitución, los que tienen la fuerza (me refiero a la fuerza física de los cuerpos represivos) para doblegar la posible resistencia a su aplicación, han facilitado justamente el decreto mordaza y se amparan detrás de él para inaplicar la ley. Pero cuando es el mismo presidente que ordena no cumplir con la ley ¿Quién puede obligar al cumplimiento de la legalidad? ¿Quién tiene el poder coercitivo?

Es por ello que algunos han hablado de insurrección y de golpe de Estado como salida a la crisis. Ambos casos no son de actualidad, sobre todo el primero no es ni siquiera factible. El golpe de estado tampoco lo es, pero por razones políticas. El estado de violación permanente de la Constitución es el que ha prevalicido durante muchos años, los organismos del estado oligárquico han funcionado siempre de esta manera. Lo que ha venido ahora a provocar crisis no es pues la violación súbita e inaudita del “estado de derecho”, sino que una franja importante de la población ha tomado conciencia de la separación entre lo que dice la Constitución y lo que hacen los partidos políticos y sus dirigencias. La letra y los actos no se acoplan.

Pero este hiato entre la letra (las promesas) y los actos (la política real del gobierno) es lo que ha venido provocando el descontento popular, es lo que de manera ilusoria motivó que muchos vieran una salida del atolladero nacional en las candidaturas individuales, pues pensaron que con ello se acabaría la confiscación del estado por parte de los partidos políticos. Este es otro de los aspectos de la crisis. Pero es el más confuso, el más complicado y el que tal vez más tarde en disiparse.

Este último aspecto encierra el meollo político y social de la crisis. Porque de alguna manera, todos intuyen que las cosas no se van a arreglar incluso si los diputados consienten derogar el decreto 743 y que el presidente también esta vez se apure a sancionar y publicarlo. El problema es que día a día surgen obstáculos para el vivir de la gente. Hay que vestirse, comer, viajar al trabajo (cuando lo hay), en definitiva hay que salir a buscar esa mercancia universal que permite ser canjeada por cualquier otra y que se llama “el pisto”. Esos son los problemas del diario vivir, a los que hay que sumar el “sardineo” cotidiano en los buses, el miedo permanente de ser agredido, chantajeado, extorcionado, apuñalado o recibir una bala perdida o destinada. Es el problema de poder exigir sus derechos, cuando los hay, de obtener nuevos, indispensables.

Muchos han sentido con agudeza que es necesario enfrentar esta situación, pero que es imposible hacerlo uno a uno, separadamente. Que el cambio no va a llegar si no aparecen movimientos de masas que los exijan, que tengan la suficiente fuerza para que los intereses de los asalariados prevalezcan, que los intereses de las mayorias se impongan contra los de la ínfima minoría oligárquica.

No hay de otra, el cambio está planteado, pero no se trata de ponerle parches y más parches a la descascarada fachada de nuestra sociedad en ruinas. Es necesario ir a ver la calidad de los cimientos, en qué principios se funda esta sociedad y si coinciden con las aspiraciones mayoritarias. Se trata pues de abrir el camino hacia cambios profundos en la sociedad. Pero por el momento, los útiles sociales para llevarlo a cabo hacen falta, el partido político de nuevo tipo, en donde exista fusión real entre todos sus miembros, en el que haya desaparecido el verticalismo humillante y totalitario. Un partido en que cada voz valga igual que las otras, en que se aprenda la crítica, a razonar, a argumentar, a sopesar las proposiciones, a deliberar y a decidir juntos. Ese partido está por inventar, tiene que ser un partido de masas y surgido de ellas, al únisono con las aspiraciones más sentidas y decidido a cumplir e incapaz de virajes de conveniencia electorera.

También se necesitan sindicatos que defiendan los intereses de los trabajadores, sindicatos que salgan del sometimiento al patronato, que rechacen la tutela de los partidos políticos y que sean intransigentes en la defensa de los trabajadores. Sindicatos que luchen por ampliar los derechos laborales.

Son estos momentos de la crisis que es necesario profundizar, las reformas constitucionales aparecen secundarias desde esta perspectiva. Un amplio movimiento social puede imponer otro rumbo al país. Pero esto no se construye en un momento. No podemos permitir que se nos impongan los momentos electorales como hitos, como blancos hacia donde apunte toda la actividad partidaria. La experiencia de estas últimas décadas tiene que servirnos de aviso.